Begoña Alonso regentaba hasta hace un par de semanas una frutería en un barrio céntrico de Madrid. Llevaba poco tiempo con el negocio, pero se iba dando a conocer con la clientela y poco a poco iba aumentando los ingresos para asentar al negocio. Pero vino la peor inflación en 30 años (más del 9.8 por ciento en el mes de marzo), el incremento sin tregua de la tarifa de la luz y de la energía, y su proyecto vital y empresarial se pulverizó. “No pude aguantar esa tormenta perfecta y tuve que cerrar”, explicó a La Jornada, en lo que es un ejemplo más de las más de 10 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) que tuvieron que cerrar en los últimos tres meses por la crisis galopante que azota a este país, provocada en gran medida por el precio de la electricidad y los hidrocarburos.
España es el país de la Unión Europea (UE) que está padeciendo con más dureza la crisis del precio de la energía, agudizada en semanas recientes por la guerra en Ucrania, y que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un sector controlado por las grandes multinacionales y un órgano regulador que prima la libre competencia en lugar del bienestar básico de la sociedad.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez intentó superar la crisis con una negociación a la desesperada con la UE para que reconozcan la “excepcionalidad ibérica” y les permitan moderar el incremento del precio de la energía a través de poner un límite al precio del gas. La Comisión Europea (CE) autorizó la intervención, pero exigió a cambio que antes de que se pusiera en marcha se enviara a las autoridades comunitarias para su aprobación. De ese día ya han pasado casi cuatro semanas, han cerrado más de 10 mil pymes y para desesperación de los comerciantes la situación es idéntica a la de hace un mes, no hay cambio y no lo habrá hasta que la CE no autoricé la propuesta lanzada por España y Portugal para reconocer esa supuesta “excepcionalidad ibérica”.
El principal escollo de las negociaciones en Europa son las grandes multinacionales europeas de la electricidad, con Iberdrola y Enel a la cabeza, que alegan una supuesta alteración de las reglas de la competencia que vulnerarían los derechos de las otras empresas. Una tesis que ya han asumido como propia países como Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda y República Checa.
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