El protocolo para indemnizar los casos de abuso sexual de la Iglesia católica, largamente reclamado por las víctimas, y negociado durante dos años entre la Iglesia y el Gobierno, ya es una realidad. Este lunes representantes del Ejecutivo, la Iglesia y el Defensor del Pueblo han plasmado su firma en el documento, que permitirá reparar económicamente a la gran mayoría de víctimas: aquellas cuyos casos hayan prescrito o cuyos agresores hayan fallecido, y donde por tanto no es posible la vía judicial.
“Hoy es un día de justicia con las víctimas, pueden sentir que el Estado está a su lado”, ha reivindicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El protocolo, que desarrolla un acuerdo histórico alcanzado en enero entre el Gobierno y la Iglesia, establece un “modelo pionero en el mundo”, un sistema mixto según el cual expertos de una comisión eclesiástica y otra pública -a cargo del Defensor del Pueblo- acuerdan la reparación, pero “donde se consigue que el Estado tenga la última palabra y la Iglesia abone”.
Las víctimas que lo deseen podrán acudir, a partir del 15 de abril, a presentar su solicitud de reparación a la unidad de tramitación del Ministerio de Presidencia, que las asesorará en el proceso, tal y como ha explicado Bolaños.
Después, una comisión de expertos independientes del Defensor del Pueblo evaluará el caso y planteará una propuesta de reparación. Esta institución trasladará entonces su propuesta a otra comisión de la Iglesia -basada en la que ya viene funcionando desde hace un año-, que valorará si la acepta o no, o si la modifica. Finalmente, la propuesta volverá al Defensor del Pueblo, que será en último término el que decida, en un proceso que en total puede durar como máximo tres meses, según ha aclarado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En todo caso, la indemnización la pagará íntegramente la Iglesia.
No se establecen cifras concretas para las indemnizaciones
En cuanto a las cuantías de las indemnizaciones, el acuerdo no recoge ninguna cifra ni umbral mínimo o máximo, algo que Bolaños ha celebrado como una buena noticia, ya que se estudiará cada caso “con profundidad” y además de esta manera no se limitan las cantidades que puedan recibir quienes hayan sufrido “casos extremos”.
Sí que se establecen criterios “objetivos” que determinarán las cantidades que recibirán las víctimas, como la “gravedad del daño, la reiteración o la edad”.
El protocolo plantea un rango de reparaciones, no solo económicas, sino también en el plano simbólico y de la “justicia restaurativa”, tal y como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, lo que incluye el reconocimiento de las víctimas o “entrevistas o diálogos” con eclesiásticos.
El convenio lo han firmado este lunes en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid Bolaños, Gabilondo, Argüello y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. Los representantes del Gobierno y la Iglesia ya firmaron el acuerdo de enero, y se añade a él ahora el Defensor del Pueblo.
“El perdón no sirve sin propósito de enmienda”
El presidente de la Conferencia Episcopal ha confiado en que este acuerdo, firmado un Lunes Santo, sirva para “aliviar la pasión de tantas víctimas de abuso”. Argüello ha considerado que para la Iglesia es una “obligación” estas reparaciones y quieren “reconocer su responsabilidad” como institución aunque no haya “responsabilidades concretas“, lo que ocurre por ejemplo cuando los agresores ya han fallecido.
Ha destacado asimismo la iniciativa de reparación de casos de abuso que partió de la Iglesia, la Comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). “El perdón no sirve sin propósito de enmienda, sin obras concretas de satisfacción que en la jerga eclesiástica se llama cumplir la penitencia”, ha señalado, y esta comisión es su “forma concreta de pedir perdón”.
En el año que lleva funcionando, desde febrero de 2025 al 2 de marzo de 2026, a esta Comisión han llegado 131 solicitudes de reparación -no todas ellas económicas-. De estas solicitudes, 23 han entrado en los dos últimos meses, desde la firma del acuerdo con el Gobierno que tuvo lugar el 8 de enero. En este tiempo, se han aceptado 83 casos de reparación, que tienen que asumir las congregaciones religiosas o las diócesis, con un valor total de 2 millones de euros aproximadamente.
Bolaños, por su parte, ha destacado el trabajo de los miembros de la comisión, pero ha expuesto sus limitaciones. El “pecado original”, ha afirmado, es que fuera la misma Iglesia en cuyo seno se cometieron los abusos la que decidiera cómo se reparaban. “Muchas víctimas no tenían confianza” en esta vía, y reclamaban que tanto el Estado como ellas mismas participaran en la decisión de las reparaciones, algo que se logra con este acuerdo.
Cualquiera que hubiera acudido en el pasado a la comisión PRIVA, incluso si ya haya sido indemnizado, podrá volver a presentar su reclamación ante el nuevo sistema, y serán los expertos quienes decidan si la indemnización puede ser “mejorada o complementada”, ha explicado Bolaños.
“La Iglesia podía cometer esos delitos sin que ocurriese nada”
Teresa Conde, víctima de abusos por parte de un sacerdote cuando tenía 14 años, ha celebrado la firma del acuerdo en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE. “Por primera vez la Iglesia católica va a asumir la culpabilidad de los traumas que nos ha generado a cientos de personas en nuestro país, no solo la responsabilidad”, ha apuntado.
“Más vale tarde que nunca”, ha señalado, y ha recalcado que delitos como el suyo prescribieron “porque la Iglesia podía cometer esos delitos sin que ocurriese nada”. Fuera de esta institución,cualquiera que cometiera una agresión sexual o un caso de pederastia iría a juicio, pero “la Iglesia católica ha hecho esto durante toda su existencia, no tiene obligación legal de poner a disposición de la justicia” a los agresores, ha lamentado.
En su caso, pudo hacer público el nombre de su agresor cuando tenía 14 años y solo porque este iba a la ciudad en la que residía, ha detallado Conde. No ha entrado a valorar qué cantidad reclamaría para su indemnización –“¿qué pagarían ustedes por tener una vida normal?”, se ha preguntado-, pero ha recordado que lleva 17 años recibiendo atención psicológica: “Al menos la terapia que me la paguen”.
En todo caso, y más allá de las cantidades económicas, ha insistido en la importancia de la prevención para que no se vuelva a repetir el infierno que ella y cientos de personas han sufrido.
