La Mesa del Congreso de los Diputados ha aceptado de forma parcial una nueva iniciativa registrada por el Partido Popular (PP), lo que obligará al Pleno de la Cámara Baja a votar la próxima semana si se insta formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Esta maniobra parlamentaria forma parte de la estrategia del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo para sortear los recientes bloqueos en el órgano de gobierno de la Cámara y forzar a los socios de investidura a retratarse.
El texto definitivo que llegará al hemiciclo establece que, ante el escenario de que Sánchez decida no convocar comicios anticipados de forma voluntaria, la Cámara le instará a “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza”. El documento puntualiza explícitamente el “carácter político, sin vinculación jurídica” de la medida; un resquicio formal que ya empleó Junts en una iniciativa previa para superar los filtros constitucionales y asegurar su tramitación.
Sin embargo, el éxito de los populares ha sido solo parcial. La mayoría conformada por el PSOE y Sumar en la Mesa ha vuelto a tumbar las exigencias más duras de la propuesta original. De este modo, han quedado fuera del debate parlamentario todos los puntos que pretendían forzar un deseo mayoritario del Congreso para un adelanto electoral inmediato o la dimisión en bloque de todo el Consejo de Ministros.
Denuncia de “atropello institucional”
Desde la dirección del PP han celebrado que se pueda forzar este pronunciamiento antes del parón estival, pero han denunciado con dureza lo que consideran un “nuevo atropello institucional” por parte de la Mesa presidida por Francina Armengol. Los populares acusan a la presidencia de actuar de manera arbitraria para edulcorar los textos y evitar votaciones incómodas para el bloque gubernamental.
Esta nueva ofensiva llega en un ambiente de altísima tensión política en las Cortes. Apenas un día antes, el Congreso logró aprobar —con los votos a favor de PP, Vox y Junts— una dura reprimenda al Gobierno por el bloqueo legislativo y las últimas ramificaciones judiciales que le afectan, un texto que ya llegó desprovisto del mandato electoral original debido a los filtros y vetos parlamentarios previos.
