El Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha un plan de emergencia para trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes no acompañadas custodiadas en Ceuta [cadenaser.com]. La medida busca aliviar de forma inmediata la saturación de los centros de la ciudad autónoma, cuyo sistema de acogida se encuentra desbordado al 4,600% de su capacidad ordinaria tras las entradas masivas registradas a finales de julio.
El departamento dirigido por Sira Rego utilizará una fórmula legal inédita para evitar el veto de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición. El mecanismo consiste en mantener la tutela legal de las menores en manos del Gobierno de Ceuta, mientras que la gestión operativa y el alojamiento en el territorio peninsular se delegarán directamente en organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades de protección a la infancia. Al no existir un traspaso formal de la tutela, los gobiernos autonómicos carecen de competencias legales para bloquear la llegada de las menores a sus territorios.
La primera fase del operativo ya se encuentra activa. Un grupo inicial de 97 niñas, con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, ha sido reubicado provisionalmente en naves acondicionadas en Ceuta a la espera de su salida inminente. Fuentes gubernamentales justifican la prioridad otorgada a este perfil por la extrema vulnerabilidad del colectivo femenino menor de edad, con el objetivo de evitar que queden en situación de calle y expuestas a riesgos de insalubridad o violencia sexual.
La iniciativa ha reactivado el choque político en torno a la gestión migratoria. Formaciones como el Partido Popular y Vox han expresado su rechazo frontal a los traslados peninsulares y exigen activar los convenios bilaterales con Rabat para ejecutar la devolución de los menores a Marruecos. Esta postura de retorno ha sumado el respaldo de la Comisión Europea, que recientemente calificó al país alauita como un “país seguro” para la reagrupación familiar.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, aunque mantiene la reagrupación en el país de origen como la solución prioritaria a largo plazo, ha respaldado el plan extraordinario del Ejecutivo central ante la urgencia humanitaria y el riesgo real de colapso en las calles de la ciudad autónoma.
