El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una reforma estructural del sistema de atención a la dependencia en España. La medida se articulará a través de un real decreto ley diseñado junto al Ministerio de Derechos Sociales. El plan contempla una inyección inmediata de 2.218 millones de euros adicionales. Con este aumento, la aportación anual del Estado superará los 7.200 millones de euros en el año 2027.
La reforma busca una refundación profunda del modelo asistencial actual, que da cobertura a 1,6 millones de ciudadanos. El Ejecutivo central asumirá de forma definitiva la financiación del 50% del sistema. Esta decisión cumple un compromiso histórico y alivia la carga presupuestaria de las comunidades autónomas.
Alivio burocrático y subida de cuantías
Una de las medidas más destacadas es el incremento de los fondos estatales destinados a cada dependiente. La transferencia mensual por cada paciente con Grado III aumentará un 128%. La cuantía pasará de los 290 euros actuales a 660 euros al mes. Además, el texto legal introduce un blindaje normativo. Las nuevas cifras solo podrán revertirse mediante una norma con rango de ley.
El plan introduce también una “pasarela automática” entre dependencia y discapacidad para eliminar trabas burocráticas:
- Grado I de dependencia: Reconocimiento automático del 33% de discapacidad.
- Grados II y III de dependencia: Reconocimiento automático del 65% de discapacidad.
La nueva legislación suprime el régimen de incompatibilidades heredado de los recortes del año 2012. Esto permitirá a los usuarios combinar diferentes prestaciones y servicios según sus necesidades.
Nuevo modelo de cuidados y empleo
El proyecto tiene como metas prioritarias acabar con las listas de espera de valoración y potenciar la ayuda a domicilio. El Gobierno impulsará la teleasistencia avanzada, los centros de día y la aplicación integral de la ley ELA, garantizando atención especializada las 24 horas.
La reforma también plantea un cambio de modelo residencial. Se priorizarán las viviendas compartidas y los centros de convivencia colaborativa frente a las macrorresidencias tradicionales. Según las estimaciones del Ejecutivo, el desarrollo de este nuevo ecosistema de cuidados generará cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector.
