El Gobierno de España ha reaccionado con dureza ante las últimas medidas cautelares dictadas por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. El Ejecutivo confirmó que Gómez acatará la orden y entregará su pasaporte en el juzgado, pero calificó todo el proceso de “anómalo”. La ministra portavoz, Elma Saiz, visiblemente contrariada, afirmó que la investigación es un “despropósito que nadie comprende” y sentenció de forma tajante que “no se debería haber llegado hasta aquí”.
Desde el Palacio de la Moncloa se insistió en que Gómez es víctima de una campaña de desgaste político impulsada por organizaciones de ultraderecha. Los portavoces gubernamentales mostraron su total empatía con la investigada y expresaron su confianza en que los órganos judiciales superiores “pongan orden” ante lo que consideran un “atropello desde el minuto uno”.
Restricciones y retirada de documentos
La entrega del pasaporte responde a las medidas impuestas por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras la apertura de juicio oral con jurado popular:
- Prohibición de salida: Gómez tiene estrictamente prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.
- Firmas periódicas: Deberá comparecer y firmar en sede judicial dos veces al mes.
- Entrega de documentos: La orden afecta tanto a Gómez como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien ya entregó su documento de forma anticipada.
Choque institucional por las escoltas
El caso ha desatado un grave conflicto institucional debido a los argumentos utilizados por el juez Peinado en su auto. El magistrado justificó el riesgo de fuga sugiriendo que el servicio de escoltas de la Policía Nacional asignado a Gómez podría facilitar una huida.
Estas afirmaciones provocaron la protesta inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha derivado el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para investigar si el juez cometió una falta grave de consideración hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, la defensa de Gómez ya ha recurrido las medidas cautelares ante la Audiencia de Madrid.
