El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido un informe técnico favorable que avala la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030. Con este dictamen, el organismo regulador certifica que la planta es segura para operar tres años más de lo previsto, trasladando de forma definitiva la responsabilidad política de la decisión final al Gobierno de España.
La resolución del CSN concluye que, tras evaluar 29 documentos técnicos elaborados por 16 áreas de especialización, ambos reactores mantienen los niveles de seguridad y las condiciones operativas idóneas. No obstante, el aval regulatorio queda condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos estrictos, entre los que destaca garantizar las dotaciones mínimas de personal de seguridad para el periodo extendido entre 2028 y 2030.
Con el informe del supervisor sobre la mesa, la pelota queda ahora en el tejado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El Ejecutivo central dispone de un plazo estimado de dos meses para redactar y formalizar la orden ministerial de prórroga. En caso de que el Gobierno opte por no autorizar la ampliación en este periodo, las empresas propietarias de la planta deberán iniciar de forma inmediata los trámites para su desmantelamiento definitivo.
Un debate encendido entre la economía y la transición ecológica
La luz verde del CSN ha reavivado la confrontación de posturas entre los defensores de la energía nuclear y los colectivos ambientales:
- Sector empresarial y Gobierno regional: Las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy), junto a la patronal Foro Nuclear y la Junta de Extremadura, sostienen que mantener Almaraz operativa hasta 2030 es vital para la estabilidad del suministro eléctrico nacional. Asimismo, defienden que la medida blinda más de 3,000 empleos directos e indirectos en la región. Para este bloque, el aval técnico del CSN deja al Ejecutivo central “sin excusas” para forzar un cierre prematuro.
- Organizaciones ecologistas: Colectivos como Greenpeace y la Fundación Renovables han expresado su rechazo frontal a la prórroga. Advienen que prolongar la vida útil de los reactores obstaculizará el desarrollo de los proyectos de energías renovables, alterará los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y aumentará el coste y volumen de la gestión de los residuos radiactivos acumulados.
El futuro de la instalación extremeña entra así en una fase estrictamente política, donde el Gobierno tendrá que decidir si prioriza el calendario de apagón nuclear pactado o cede a las presiones económicas y sectoriales para garantizar la transición energética.
