El Gobierno de España ha calificado de “éxito rotundo en términos de convivencia” la Ley de Amnistía tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Ejecutivo central ha redoblado la presión sobre el Poder Judicial al exigir que la norma se aplique a los líderes independentistas catalanes “lo antes posible”.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció en el Palacio de la Moncloa para valorar el dictamen de Luxemburgo, asegurando que la resolución despeja cualquier tipo de duda sobre el texto legal. Según el Ejecutivo, queda acreditado que la ley es plenamente constitucional y conforme al derecho europeo, lo que, a su juicio, pone fin a una discusión que “muchas veces no fue jurídica, sino muy visceral”.
A pesar de que la amnistía ya ha beneficiado a cerca de 400 personas, Bolaños enfatizó que la norma “solo se habrá cumplido plenamente” cuando se aplique a los principales líderes políticos que impulsaron el proceso independentista, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Para el Gobierno, este paso representa la última etapa necesaria para lograr la total normalización política en Cataluña.
Reacciones políticas e institucionales
La resolución judicial ha reactivado el tablero político nacional, generando valoraciones contrapuestas entre los distintos bloques parlamentarios:
- Bloque independentista y PSC: El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, solicitó una aplicación “diligente e integral” de la medida. Asimismo, formaciones como Junts y Esquerra Republicana (ERC) celebraron el fallo de Luxemburgo como una gran victoria frente al criterio de los tribunales españoles que mantenían la norma paralizada.
- Partido Popular: El principal partido de la oposición expresó su “respeto absoluto” a la resolución judicial, pero matizó que el tribunal europeo solo ha resuelto dudas de carácter técnico y puntual. Desde el PP insisten en que el dictamen no avala la constitucionalidad global ni la conveniencia política del acuerdo. Por su parte, el expresidente José María Aznar criticó duramente el fallo, manifestando que los actos de sedición no deberían quedar impunes.
- Vox: La formación liderada por Santiago Abascal lamentó el dictamen de la corte europea y reiteró su compromiso de derogar la ley de forma inmediata en caso de llegar al Gobierno.
Con el aval del TJUE sobre la mesa, la atención se desplaza ahora de los despachos políticos a las sedes judiciales, donde los magistrados españoles deberán determinar los plazos y el alcance definitivo de la exoneración de las causas pendientes.
