El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la entrada masiva de más de 40.000 migrantes irregulares en Ceuta como un «ataque y una violación a la integridad territorial de España». Durante su comparecencia de urgencia en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha defendido con firmeza la soberanía nacional, ha exculpado al reino alauí y ha atribuido el origen de la crisis a una «lectura interesada» por parte de las mafias de una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
El origen: un fallo judicial utilizado por las mafias
El mandatario ha argumentado que las redes de tráfico de personas instrumentalizaron un fallo del Tribunal Supremo dictado el pasado 8 de julio. Dicha resolución prohíbe las devoluciones sumarias —conocidas como «en caliente»— de aquellos migrantes que acceden a territorio nacional a nado, bajo el criterio de que el mar carece de una frontera física.
Según ha explicado Sánchez, esta interpretación jurídica «corrió como la pólvora» a través de las redes sociales gestionadas por las mafias, lo que desató el efecto llamada y la posterior avalancha migratoria hacia la costa ceutí.
Cooperación con Rabat y contundencia soberana
A diferencia de la crisis diplomática bilateral registrada en el año 2021, el presidente ha enfatizado que en esta ocasión la comunicación con Rabat es «constante, fluida y muy razonable». De este modo, ha elogiado explícitamente la cooperación de las autoridades marroquíes tanto en la contención de los flujos en su territorio como en el combate activo contra el tráfico humano.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha recalcado de forma tajante que «Ceuta es una ciudad española». Con el objetivo de contrarrestar el impacto del dictamen del Supremo y reactivar las repatriaciones automáticas dentro del marco legal, ha anunciado el despliegue inmediato de una barrera física de boyas en el espacio marítimo fronterizo.
Paquete de medidas de respuesta inmediata
Para hacer frente a la situación y restaurar la normalidad, el Consejo de Ministros y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han activado los siguientes recursos de urgencia:
- Barrera marítima: Despliegue de un sistema de boyas en el espigón de la playa del Tarajal, coordinado por Sasemar, la Armada y la Guardia Civil.
- Repatriaciones aceleradas: Convocatoria extraordinaria de la Comisión de Asilo para tramitar y ejecutar de urgencia los expedientes de expulsión de los recién llegados.
- Refuerzo policial: Envío adicional de 400 agentes de seguridad a las calles de Ceuta para garantizar el orden público y mitigar la preocupación de la población local.
- Reforma legislativa: Disposición del Gobierno a realizar futuras modificaciones en la Ley de Extranjería si fuese necesario para blindar jurídicamente los rechazos en frontera por vía marítima.
