En una ofensiva diplomática clave ante las instituciones comunitarias, España ha reclamado formalmente a la Unión Europea (UE) una respuesta económica y estructural contundente para combatir la sequía
y los fenómenos climáticos extremos que azotan al sur del continente. La petición se ha formalizado este 8 de septiembre de 2026 a través de una acción coordinada entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Gobierno español defiende que las herramientas actuales de la Política Agraria Común (PAC) son del todo insuficientes para mitigar el impacto en el campo, por lo que exige la creación de nuevas vías de financiación en los próximos presupuestos comunitarios.
Un nuevo Fondo de Adaptación y gravámenes a las petroleras
La propuesta enviada por el Ejecutivo español a la Comisión Europea no solo solicita más recursos, sino que plantea soluciones concretas e innovadoras para costear la transición climática:
- Fondo de Adaptación al Cambio Climático: España propone la creación de un instrumento financiero europeo específico para infraestructuras de resiliencia hídrica. Para financiarlo, el documento sugiere la emisión de eurobonos de riesgo climático.
- Impuesto a las energéticas: El plan español defiende que este fondo se nutra también a través de un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de las corporaciones de petróleo y gas, aplicando el principio de que los sectores más contaminantes asuman el coste de la mitigación.
- Reforma de la PAC: En el plano agrícola, se exige que la lucha contra la sequía sea un objetivo central y permanente de la PAC, dotando de mayor presupuesto a los fondos de contingencia (como el EU Facility) para evitar que los Estados miembros tengan que costear las crisis en solitario.
Un impacto millonario sobre el terreno
El Ejecutivo español ha recordado a Bruselas que las arcas estatales ya han tenido que desembolsar más de 1,750 millones de euros en ayudas directas en los últimos tres años para salvar cosechas y garantizar el abastecimiento de agua. Con las reservas hídricas en niveles críticos y los acuíferos sobreexplotados, España argumenta que la desertificación ya no es un problema exclusivo de la península ibérica, sino una amenaza real para la seguridad alimentaria de toda la Unión Europea.
La Comisión Europea ha recibido la propuesta con cautela, señalando que se estudiará la movilización anticipada de la reserva de crisis agrícola (dotada con 450 millones de euros), aunque el debate de fondo sobre los nuevos impuestos e instrumentos financieros se trasladará a las negociaciones del próximo marco presupuestario plurianual europeo.
