El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley que concederá la nacionalidad española a los ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental antes de su descolonización en 1977, así como a sus descendientes en primer grado. La histórica norma, promovida inicialmente por el grupo plurinacional Sumar, salió adelante en la Cámara Baja con 168 votos a favor, sumando el respaldo del PSOE y los socios habituales de investidura. La votación concluyó además con 145 abstenciones del Partido Popular y Junts, y únicamente 31 votos en contra de Vox.
La validación del texto legal se produce en un escenario de extrema sensibilidad geopolítica. Por un lado, coincide con la fuerte tensión con Marruecos derivada de la reciente entrada irregular de más de 70,000 migrantes en Ceuta. Por el otro, irrumpe a solo días de que el Tribunal Supremo dictara un revés judicial al suspender el censo de la polémica ‘ley de nietos’.
Reparación histórica e implicaciones de la ley
El nuevo marco normativo busca reparar el “abandono” institucional que sufrieron los habitantes de la antigua provincia 53 española tras la firma de los Acuerdos de Madrid en 1975. Según estimaciones de colectivos y organizaciones saharauis, la medida podría beneficiar a una población de entre 80,000 y 120,000 personas.
Las claves operativas aprobadas por la ley incluyen:
- Vía extraordinaria: Se reconoce la nacionalidad por carta de naturaleza, eximiendo a los nacidos antes del 29 de septiembre de 1977 de la obligación de acreditar residencia legal previa en España.
- Modificación del Código Civil: El texto reduce a solo dos años el periodo de residencia requerido para el resto de los saharauis, equiparándolos legalmente con ciudadanos iberoamericanos, filipinos o sefardíes.
- Plazos de tramitación: Las solicitudes serán completamente gratuitas y se otorgará un plazo inicial de tres años (prorrogable a uno más) para formalizar los expedientes tras la entrada en vigor.
- Documentación válida: Los solicitantes podrán acreditar su derecho mediante el antiguo DNI español, partidas de nacimiento coloniales o el censo oficial de las Naciones Unidas.
Choque político y recelo internacional
El debate parlamentario sirvió de altavoz para las profundas diferencias que fracturan la política exterior española. La oposición en bloque aprovechó el debate para arremeter contra el “giro” efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en 2022 rompió la neutralidad histórica al avalar la propuesta de autonomía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Desde el PP justificaron su abstención alegando “falta de garantías técnicas” en la concesión masiva de la ciudadanía sin exigencia de residencia.
Por su parte, la formación Vox vinculó directamente su rotundo rechazo con el frente judicial abierto por la ‘ley de nietos’. El partido liderado por Santiago Abascal denunció que la política de nacionalizaciones del Ejecutivo “carece de control”, utilizando como argumento la reciente resolución del Tribunal Supremo que congeló cautelarmente el voto exterior a los descendientes de la Ley de Memoria Democrática por el peligro de “alterar” el censo.
La norma continuará ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta y ya ha anunciado la presentación de enmiendas que dilatarán los plazos para su ratificación definitiva.
