El 94,2% del parque residencial en España presenta un nivel ineficiente de consumo energético, situándose en los niveles más bajos de la escala oficial (letras D a G). Así lo detallan los últimos análisis del sector basados en los registros de las administraciones públicas. El balance estadístico expone la antigüedad estructural de los inmuebles como el principal factor de este déficit regulatorio.
A pesar de estos datos, se registra un máximo histórico con 1,3 millones de certificados energéticos tramitados (un 3% más anual), impulsado principalmente por las subvenciones estatales y la gestión de los fondos europeos de recuperación.
Radiografía y distribución del parque
Solo el 39% de los hogares tiene un certificado registrado, cuya distribución oficial muestra una clara ineficiencia en el consumo:
- Calificación E: Concentra el 67,3% de los inmuebles, mayormente construidos entre las décadas de 1980 y 2000.
- Calificaciones F y G: Suman un 21,6% del total del parque residencial.
- Calificación D: Representa el 5,4%.
- Alta eficiencia (A, B y C): Apenas un 5,8% en total, con la letra A limitándose a un testimonial 1,2%.
Desequilibrio geográfico y tipologías
Provincias como Madrid (69,0%), Navarra (58,0%), Barcelona (55,3%) y Málaga (51,8%) lideran el volumen de inmuebles con certificación al día. Por el contrario, zonas como Las Palmas, Castellón, Tenerife, Tarragona, Ceuta y Cantabria registran las tasas más altas de ineficiencia energética, superando el 96% en los tramos más bajos de la escala. Por tipología de inmueble, los pisos alcanzan una cobertura de registro del 51,6% frente al 17,5% de las unifamiliares, aunque estas últimas logran ahorros más drásticos (hasta un 75%) tras las reformas.
El reto normativo de la rehabilitación
El 45% de los nuevos certificados expedidos se debió de forma directa a obras de rehabilitación arquitectónica. Sin embargo, para cumplir con los objetivos fijados en los planes de sostenibilidad a medio plazo, el país debe reducir 26.394 GWh de consumo energético de aquí a final de década. Este objetivo exige la intervención estructural en 1,2 millones de hogares y la sustitución progresiva de 3,5 millones de sistemas de calefacción obsoletos.
