La defensa legal de Cilia Flores ha solicitado formalmente a una corte federal que sustituya su prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario. La petición, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, argumenta que padece una condición cardíaca severa que requiere una intervención quirúrgica especializada y un entorno de recuperación que el centro de detención federal de Brooklyn no puede garantizar.
Flores permanece recluida desde su captura el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, proceso en el cual enfrenta cargos federales por presunto narcotráfico, lavado de dinero y corrupción junto a su esposo.
Las razones de la petición médica
Los abogados defensores argumentaron que las actuales condiciones carcelarias ponen en riesgo la integridad física de su representada, detallando las siguientes claves en la moción:
- Necesidad de un cateterismo: El equipo legal expuso que Flores requiere someterse de urgencia a un procedimiento médico invasivo debido al deterioro progresivo de su salud cardiovascular.
- Tratamiento previo: El documento reconoce que, si bien la atención médica recibida en los últimos meses y el incremento de actividad física controlada ayudaron a disminuir sus palpitaciones, la cárcel carece del entorno de tranquilidad indispensable para el postoperatorio.
- Garantías contra la fuga: La defensa aseguró que no existe riesgo de evasión, describiendo que Flores está plenamente “comprometida” a encarar el proceso legal y resuelta a acompañar la defensa de su cónyuge.
Medidas de control propuestas y oposición fiscal
Para mitigar los recelos de la justicia estadounidense, la defensa propuso un esquema estricto de confinamiento en una residencia privada que incluye vigilancia armada las 24 horas del día, monitoreo continuo mediante un dispositivo GPS y la entrega inmediata de todos sus documentos de viaje bajo la tutela de un supervisor independiente aprobado por la corte.
A pesar de estas condiciones, las autoridades fiscales de Estados Unidos ya manifestaron su total oposición a otorgar el beneficio, alegando la gravedad de los delitos imputados. Ambas partes se mantienen a la espera de las próximas audiencias previas programadas para noviembre, donde también se debatirán los recursos que invocan inmunidad diplomática, antes del inicio formal del juicio fijado para el 1 de junio de 2027.
