El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos históricos reales decretos en materia de vivienda. El paquete de medidas contempla la renovación automática de los contratos de alquiler y la prohibición temporal para que los fondos buitre compren inmuebles residenciales.
La aprobación llega tras una intensa negociación de última hora entre los socios de coalición (PSOE y Sumar). El Ejecutivo busca dar respuesta inmediata a la emergencia habitacional y a la presión social ejercida en las calles.
Bloqueo a la especulación y blindaje de contratos
El plan de choque se ha dividido en dos normativas diferenciadas para agilizar su articulación jurídica:
- Renovación automática: Regulada en el segundo decreto, establece un mecanismo de extensión automática para dar estabilidad a los inquilinos y evitar que vivan “en vilo”, tomando como referencia legislaciones europeas.
- Veto a fondos buitre: Se prohíbe la adquisición de viviendas a empresas y fondos de inversión especializados en la compraventa especulativa de inmuebles hasta el año 2028. La medida blindará las carteras de deuda que no estén destinadas específicamente al alquiler asequible.
- Prórroga obligatoria: De forma paralela, todos los contratos de arrendamiento actualmente vigentes que expiren antes del 31 de diciembre de 2028 recibirán una prórroga automática de dos años para evitar incrementos abusivos en las rentas.
Escudo antidesahucios y control de fraude
Los decretos introducen además una protección reforzada frente a los desahucios hasta el año 2030. En caso de que el cese del contrato afecte a un pequeño propietario, la Administración Pública asumirá las compensaciones de impagos y suministros.
Asimismo, se incluye un paquete fiscal para frenar el fraude en el alquiler de temporada y por habitaciones, gravando los pisos turísticos con un IVA del 10%, junto con bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 33,000 euros.
Próximos pasos en el Congreso
Dada la magnitud de la reforma, el Ejecutivo ha solicitado formalmente a las Cortes la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para proceder a la convalidación de urgencia de ambos decretos. El texto requerirá el respaldo de los socios parlamentarios habituales de la investidura ante el rechazo anunciado de la oposición.
