El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el total de migrantes que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto se aproxima a las 8.700 personas. El balance oficial del Ejecutivo detalla que la inmensa mayoría de estos movimientos corresponden a retornos voluntarios, a los cuales se suman 453 expulsiones formalizadas por la vía legal.
El incremento en el ritmo de regresos directos se atribuye a la incoación de los expedientes de devolución. Tras los procesos de triaje e identificación en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), entre el 25% y el 30% de los migrantes decide no solicitar protección internacional, lo que activa de forma automática su retorno al país vecino ante la falta de perspectivas para permanecer legalmente en España.
La gestión gubernamental en la Ciudad Autónoma ha avanzado en varios frentes clave durante las últimas semanas:
- Desalojo de asentamientos: La Policía Nacional culminó con éxito el desalojo de la playa de Benítez, donde pernoctaban cerca de 400 personas. El espacio público fue recuperado por completo y las autoridades prevén intervenir próximamente en el asentamiento de la playa del Trampolín.
- Situación de los menores: El sistema de protección de Ceuta ya mantiene filiados a 2.566 menores de edad. De este total, 69 han sido reagrupados con familiares en la península, 144 han sido trasladados a diferentes comunidades autónomas y se han remitido 10 expedientes de reagrupación familiar directamente a Marruecos.
- Nuevas infraestructuras y recursos: Se ha autorizado la habilitación de un nuevo espacio de acogida complementario junto a la prisión de Ceuta, el cual operará únicamente como último recurso si las plazas actuales resultaran insuficientes.
- Inyección presupuestaria extraordinaria: El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes un real decreto dotado con 40,3 millones de euros para sufragar los costes extraordinarios de seguridad y limpieza asumidos por Ceuta, una partida que se suma a los 88 millones de euros movilizados previamente por el Estado para la atención de menores.
El ministro Torres ha asegurado que la vía de retornos se mantendrá activa durante los próximos días mediante el estricto cumplimiento de la ley y el máximo respeto a los derechos humanos.
