El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado “razonablemente optimista” ante la convalidación en el Congreso de los dos nuevos reales decretos-leyes en materia de vivienda, fijada para este viernes 2 de octubre de 2026. A pesar de no contar aún con los apoyos garantizados de socios clave como Junts, PNV y Podemos, el jefe del Ejecutivo ha reclamado a las fuerzas políticas una “dosis de responsabilidad”, alegando que el acceso a la vivienda no es un asunto ideológico, sino “una cuestión de humanidad”.
Para facilitar la negociación parlamentaria, el Consejo de Ministros estructuró las medidas en dos normativas diferenciadas. El primer Real Decreto-ley, de carácter estructural, contempla la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2030, el veto a la compra de inmuebles por parte de ‘fondos buitre’ hasta 2028 y bonificaciones fiscales para pequeños propietarios; este bloque ya cuenta con el voto a favor de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. Por otro lado, el segundo Real Decreto-ley se centra en la regulación de los alquileres mediante la prórroga indefinida y automática de los contratos de arrendamiento, una medida que el propio Sánchez ha reconocido que requerirá un debate más profundo debido a las reticencias de sus aliados.
El panorama en el Congreso de los Diputados se mantiene fragmentado y con posiciones encontradas:
- Bloque del Gobierno (PSOE y Sumar): Defienden que el texto incorpora múltiples enmiendas de sus socios comerciales y busca frenar de forma directa la especulación inmobiliaria.
- Fuerzas en negociación (Junts, PNV y Podemos): Mantienen el sentido de su voto en el aire. Junts exige mayores incentivos fiscales para los arrendadores y medidas antibloqueo ante impagos. Podemos, por su parte, demanda la prohibición tajante de los desahucios y rechaza los beneficios fiscales a propietarios. El PNV expresa reservas sobre la invasión de competencias autonómicas y el equilibrio del mercado.
- Oposición (Partido Popular): Confirmó su voto en contra. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, tachó al Gobierno de “tramposo”, criticó la falta de planes para la construcción de vivienda nueva y auguró que el decreto provocará una contracción en la oferta del mercado de alquiler.
Sánchez ha insistido en que el Palacio de la Moncloa ya “ha hecho su parte” mediante un intenso proceso de diálogo previo, por lo que ahora la responsabilidad de aprobar estas medidas estructurales recae directamente en el tejado del Congreso de los Diputados.
