El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al segundo Plan de Acción de Juventud, una ambiciosa estrategia gubernamental que compromete una inversión récord de casi 60.000 millones de euros hasta el año 2028. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha presentado los detalles de esta hoja de ruta en la rueda de prensa celebrada este 13 de octubre de 2026, destacando un incremento presupuestario del 79% en comparación con los 33.000 millones destinados al plan anterior de 2023.
El documento, que aglutina más de 300 medidas transversales coordinadas por una quincena de ministerios, tiene como principal novedad el método de su confección. El texto final integra directamente las demandas de un proceso participativo iniciado en 2024 con más de 70 entidades juveniles, quienes han conseguido situar el acceso a la vivienda y el freno a la especulación en el núcleo de las prioridades del Ejecutivo.
Ofensiva contra los pisos turísticos y blindaje del alquiler social
Ante las alarmantes cifras de emancipación juvenil y el encarecimiento del mercado inmobiliario, el plan oficial abraza explícitamente las exigencias de las organizaciones del sector para combatir la crisis habitacional. Entre las propuestas clave incorporadas destacan:
- Reserva de suelo: La obligación de destinar un 30% de la nueva edificabilidad residencial a vivienda protegida destinada exclusivamente al alquiler social y asequible.
- Veto a los pisos turísticos: La aplicación de medidas fiscales contra la especulación y la prohibición estricta de nuevas licencias de viviendas turísticas en las zonas declaradas como de mercado tensionado.
- Control del mercado: La movilización de viviendas vacías para el parque público, la puesta en marcha de un observatorio estatal del derecho a la vivienda y nuevas líneas de ayuda directa para los jóvenes con menores ingresos.
- Protección ante desahucios: El endurecimiento del escudo social frente a los lanzamientos habitacionales de la población joven y la garantía de suministros básicos ininterrumpidos.
La ministra Rego ha aclarado que, aunque muchas de estas propuestas requieren un desarrollo normativo posterior y dependen de las competencias de otros ministerios, su inclusión en el texto oficial supone un blindaje político. «Ya figuran en el acuerdo y no se pueden borrar; ahora las organizaciones tienen una herramienta para fiscalizar su cumplimiento», ha aseverado.
Refuerzo en educación, empleo y salud mental
El histórico aumento de las partidas presupuestarias también tendrá un impacto inmediato en otros pilares del bienestar juvenil. El ámbito de la educación recibe una inyección adicional de 3.152 millones de euros destinados a la ampliación de becas y ayudas al estudio. Asimismo, las políticas de empleo contarán con 930 millones de euros más, al tiempo que se consolida la continuidad de iniciativas de alta demanda como el Bono Cultural Joven y el programa de descuentos en transporte Verano Joven.
Por último, la salud integral y el bienestar emocional reciben un impulso financiero de 626 millones de euros extra. Esta dotación se destinará al refuerzo de la atención psicológica en el ámbito escolar y a la implementación definitiva del ‘Plan Veo’, el cual cuenta con una partida de 48 millones de euros para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años en situación de vulnerabilidad social.
