El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas de urgencia dotado con 30 millones de euros destinados a los afectados y familiares del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El paquete económico se distribuye a partes iguales en 15 millones de euros para ayudas directas y otros 15 millones para anticipos a cuenta de las indemnizaciones de los seguros.
El Ejecutivo ha confirmado que estas cuantías serán compatibles con otras prestaciones, de carácter no reembolsable y estarán exentas de tributar en el IRPF, con el objetivo de ofrecer una respuesta económica inmediata sin esperar a los plazos judiciales ordinarios.
Cuantías fijadas para los afectados
El Real Decreto-ley establece las compensaciones económicas estructuradas bajo los siguientes criterios:
- Por fallecimiento: Se otorgará una ayuda directa de 72.121,46 euros, a la que se sumará una cantidad idéntica en concepto de anticipo del seguro de responsabilidad civil.
- Por lesiones corporales: Los importes se fijarán mediante un baremo según la gravedad médica de las secuelas, partiendo desde los 2.404 euros para los casos de menor entidad hasta un máximo de 84.141 euros para las lesiones de máxima gravedad.
Protección laboral y control de precios abusivos
La nueva normativa incluye un paquete de medidas sociales y de consumo para mitigar el impacto de la tragedia. Por un lado, se equiparan excepcionalmente las bajas médicas de los afectados con las de contingencia profesional por accidente de trabajo, lo que permitirá percibir las prestaciones desde el primer día y por una cuantía superior a la ordinaria. Asimismo, las pensiones derivadas de incapacidad, viudedad u orfandad se calcularán de oficio bajo las reglas más ventajosas.
Por otro lado, el Ministerio ha activado una medida de Consumo temporal para limitar los precios máximos de los alojamientos y transportes alternativos entre Madrid y Andalucía. Esta intervención directa busca frenar los incrementos abusivos detectados en operadores privados, que llegaron a multiplicar las tarifas habituales aprovechando la interrupción de la línea de alta velocidad. Para canalizar todas las solicitudes, el Estado desplegará Oficinas de Atención Integral y ofrecerá asistencia domiciliaria a las personas con problemas de movilidad.
