El Tribunal Constitucional se encuentra en el centro de atención debido a la vacante en uno de sus asientos, dejada por el magistrado Alfredo Montoya en 2022 tras sufrir un ictus.
La designación de su reemplazo corresponde al Senado, específicamente a la cuota del Partido Popular (PP), pero se necesita una mayoría de tres quintos que parece inalcanzable sin el voto del PSOE.
El PP ha anunciado que recurriría una posible ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, donde actualmente existe una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores.
La sustitución de Montoya se ha convertido en una pieza clave en el ajedrez político entre el PP y el PSOE, ya que el PSOE condiciona el nombramiento a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace años.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Senado debe nombrar al sustituto de Montoya, que, al igual que él, debería ser propuesto por el PP. Sin embargo, para proceder al nombramiento, el PP necesita el apoyo del PSOE debido a la aritmética parlamentaria en el Senado.
Esta situación refleja la tensión entre los partidos en torno a la independencia judicial y la renovación del CGPJ. Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exige condiciones adicionales, como evitar las “puertas giratorias” y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los vocales del turno judicial del CGPJ sean nombrados por los jueces.
Por otro lado, el PSOE sostiene que el Gobierno busca cumplir las leyes y moverse dentro del marco de la legalidad, acusando al PP de atacar la independencia judicial al negarse a pactar una nueva composición del CGPJ.
En medio de un clima de enfrentamiento entre ambos partidos, la sustitución de Alfredo Montoya se presenta como un desafío complejo de resolver.
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