El Ministerio de Hacienda defiende que la ayuda de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra Líneas Aéreas el 9 de marzo de 2021, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), se ajustó plenamente a la normativa y superó todos los controles administrativos, técnicos y judiciales establecidos.
La investigación del caso Plus Ultra ha adquirido esta semana una dimensión política inédita. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado sostiene en su auto que habría participado en “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” relacionada con el rescate de la aerolínea. La causa investiga además el presunto cobro de comisiones por labores de intermediación vinculadas a la operación.
Cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad
Según Hacienda y los informes técnicos incorporados al expediente, Plus Ultra cumplía todos los requisitos de elegibilidad exigidos por la normativa del fondo. Entre ellos, figuraban tener domicilio social y actividad principal en España, no encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Asimismo, los informes del asesor financiero DC Advisory concluyeron que, sin apoyo público, la compañía habría cesado su actividad o atravesado graves dificultades operativas, y que su desaparición habría tenido un impacto negativo relevante sobre la actividad económica y el empleo. También se consideró acreditada la viabilidad futura de la empresa mediante un plan de negocio y un calendario de devolución de la ayuda considerados razonables.
El Ministerio incide en que el expediente fue tramitado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento externo financiero y jurídico. Además, fue revisado por distintas instancias, entre ellas el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, la Fiscalía, peritos judiciales, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, sin que se detectaran irregularidades.
En un informe publicado en septiembre de 2024, el Tribunal de Cuentas concluyó que SEPI aplicó correctamente la normativa relativa al cumplimiento de los requisitos y a las condiciones de financiación del FASEE.
Aval de las instituciones europeas
También las instituciones europeas analizaron el marco de las ayudas. La Comisión Europea estudió el expediente tras una denuncia presentada ante Bruselas y no apreció irregularidades. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en junio de 2024 el régimen de ayudas del FASEE, al considerar que respondía al interés común de la Unión Europea y respetaba el principio de proporcionalidad.
Desde Hacienda se insiste en que el procedimiento de concesión de estas ayudas estaba sometido a un marco “reglado y garantista”, sin margen para la arbitrariedad o la discrecionalidad política. El proceso incluía la participación de técnicos de SEPI, asesores externos y la posterior autorización por parte del Consejo de Ministros.
Según este Ministerio, la aprobación de la ayuda a Plus Ultra respondió al cumplimiento estricto de los requisitos legales y a informes favorables emitidos durante toda la tramitación administrativa.
Impacto de la pandemia en el sector aéreo
Asimismo, recalca que la ayuda fue aprobada en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, que afectó gravemente al sector aéreo. Según los informes incorporados al expediente, el transporte aéreo sufrió en 2020 una caída aproximada del 61% de sus ingresos respecto a 2019, lo que comprometió seriamente la viabilidad de numerosas compañías.
También recuerda que la causa judicial abierta tras las querellas presentadas por Manos Limpias, Partido Popular y Vox contra los miembros del Consejo Gestor del FASEE concluyó, después de dos años de investigación, sin encontrar indicios de delito en la concesión de la ayuda. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento y avaló la actuación administrativa realizada.
