El Consejo de ministros español ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, propuesto por el Ministerio de Agricultura.
La normativa contempla multas de 60,000 a 500,000 euros para restaurantes, bares y supermercados que desperdicien alimentos, enfocándose en la eficiencia económica, el contenido ambiental y la justicia social.
La ley establece una jerarquía para el destino de alimentos, priorizando la donación para consumo humano y la transformación de excedentes en productos como zumos o mermeladas.
La nueva legislación también impone obligaciones a empresas de hostelería, que deberán facilitar envases reutilizables para llevar alimentos no consumidos sin coste adicional, enfrentándose a sanciones de 2,000 euros en caso de incumplimiento.
Además, se promueven medidas de buenas prácticas, como la venta de productos considerados “feos” o la incentivación del consumo de productos de temporada.
La ley busca reducir el alarmante desperdicio alimentario, que según la FAO asciende a 1,300 millones de toneladas anuales a nivel mundial.
En 2022, los hogares españoles desperdiciaron 1,170.45 millones de kilos o litros de alimentos, representando un descenso del 6.1% respecto al año anterior.
La legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ofreciendo un plazo para la adaptación de los operadores.
La ley, no solo de contenido prescriptivo, sino también pedagógico y preventivo, busca cambiar prácticas y concienciar a todos los actores de la cadena alimentaria sobre la importancia de evitar el desperdicio.
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