España podría convertirse en el destino de residuos no tratados procedentes de Francia, según revelan controles de las fuerzas de seguridad.
Un alarmante uno de cada tres camiones interceptados en la frontera transporta residuos ilegales, llevando a cabo una práctica ilegal que supone un riesgo medioambiental para España.
La operación conjunta Augias de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa busca controlar el flujo de estos residuos, desarticulando organizaciones criminales que buscan beneficiarse de la diferencia de costos entre los países.
La gestión de residuos urbanos en Francia cuesta 250 euros por tonelada, mientras que en España es de 40 euros, haciendo que el transporte ilegal sea un negocio atractivo.
Las organizaciones criminales pueden obtener beneficios considerables al eludir controles y transportar residuos sin tratar, incluyendo materiales tóxicos, camuflados entre capas de residuos legales.
La práctica, además de suponer un problema medioambiental para España, afecta negativamente a las arcas fiscales francesas al evitar el pago de impuestos.
Las autoridades españolas, con la operación Augias, buscan contrarrestar esta actividad ilegal que amenaza con convertir a España en receptora de desechos peligrosos y no tratados, poniendo en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico del país.
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