El rechazo este martes en el Congreso del conocido como decreto ‘antiapagones’, el paquete de medidas urgentes que el Ejecutivo aprobó en junio con el fin de fortalecer el sistema eléctrico, pone en riesgo hasta 200.000 millones de euros en inversiones, 250 millones en descuentos en la factura eléctrica para la gran industria y frena la implantación del autoconsumo en España.
“Son buenas medidas, son medidas necesarias y hoy quiero apelar a su responsabilidad”, defendió la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, antes de la votación. Pero no convenció ni a parte de los socios de investidura, ni a la oposición.
Pese a contar con el visto bueno de ecologistas, asociaciones de renovables y de las empresas eléctricas, hasta siete partidos (PP, Vox, Podemos, Junts, BNG, UPN y el diputado de Chunta integrado en Sumar) decidieron votar en contra de la norma, alegando que “no es la solución”.
“El Gobierno quería darle ayudas a determinadas eléctricas, todas ellas renovables, y nosotros no podemos participar de un engaño masivo como el que se pretendía”, ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, este miércoles en una entrevista en Las Mañanas de RNE. “Ni impone sanciones al oligopolio eléctrico (…) ni obligaciones para que algo así no se vuelva a producir”, criticó a su vez la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Hasta 200.000 millones de euros en inversiones, en riesgo
La semana pasada, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) —que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, y patronales de las energías limpias— alertaba de las “graves consecuencias” que podría tener la no ratificación del texto. Entre otras, aludía a la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, “pérdida de competitividad internacional y paralización de inversiones esenciales para reducir la dependencia energética exterior”.
También un informe de PwC advertía del impacto en las inversiones si la norma no salía adelante. Sobre todo, por el “cuello de botella” que tiene el sector eléctrico con las conexiones a la red para grandes consumidores: la red está tan saturada que en 2024 sólo se aceptaron una de cada diez solicitudes.
“La saturación de la red impide la electrificación de sectores estratégicos, desde la industria pesada hasta el hidrógeno renovable, además de ralentizar proyectos alineados con los objetivos climáticos. Además, la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados”, alerta la consultora.
El sector calcula que hay unos 20.000 megavatios (MW) pendientes de dicha autorización, lo que arroja una pérdida potencial de inversiones cercana a los 200.000 millones de euros (a razón de diez millones de euros por MW).
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