El Gobierno asegura que los contratos con la multinacional china Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales no afectan a la ciberseguridad nacional. Ante las críticas del PP, que pide la comparecencia en el Congreso de varios ministros para que den explicaciones sobre la adjudicación, el Ejecutivo ha defendido la seguridad de las comunicaciones y ha cargado contra la “hipocresía” de la oposición, a la que pide no “alarmar inútilmente” a la ciudadanía.
En la raíz de esta nueva polémica política en España está un contrato alcanzado por el Ministerio del Interior, que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska, con Huawei por valor de 12,3 millones de euros. La compañía china está vetada en Estados Unidos por espionaje, mientras que la Unión Europea ha pedido que se la excluya de contratos que pongan en riesgo la seguridad.
El Gobierno, no obstante, subraya que la seguridad de todas las comunicaciones en España están “totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos”. Fuentes del Ministerio del Interior inciden en que el contrato adquirido no es para el control o gestión de información, sino para la compra de material. De este modo, señalan que la tecnológica proporcionará los servidores para almacenar la información, pero que no tendrá acceso a los datos porque quien los vigila y custodia son la Policía y la Guardia Civil.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, además ha acusado de “demagogia” a la oposición y ha pedido “no alarmar inútilmente” porque la seguridad “está garantizada”. En una entrevista en Onda Cero el miércoles, el ministro que le “sorprende mucho” la actitud del PP, cuando algunos de sus dirigentes autonómicos –como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el murciano, Fernando López Miras– participan en inauguraciones de dicha empresa o llevan a cabo campañas de colaboración.
“No entiendo de qué hablan, no sé si estamos ante la hipocresía tradicional del PP, pero, por favor, que no intente alarmar inútilmente a los españoles”, ha reclamado.
El PP cree que el contrato es “de alto riesgo para la seguridad del Estado”
Los ‘populares’, en cambio, consideran el contrato “de alto riesgo para la seguridad del Estado” y recuerdan que una ley que China aprobó en 2017 obliga a los particulares, tanto dentro como fuera del país, a facilitar a los servicios de inteligencia chinos toda la información que requieran. “El Gobierno ha elegido a una empresa china para gestionar secretos de Estado”, ha cuestionado este miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la sede ‘popular’.
El PP ha vinculado estos contratos para almacenar las escuchas judiciales con “la trama corrupta” que, según este partido, afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado a la consultora Acento, que dirige el exministro socialista José Blanco, como “intermediario” en esta operación. “Es una derivada de la trama de corrupción”, ha subrayado Tellado.
Por ello, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia en el Congreso y el Senado de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Exteriores, José Manuel Albares, así como del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, vinculado a una empresa que trabajaba con Huawei.
Según Tellado, para encontrar una respuesta a este contrato “hay que seguir el rastro de la corrupción”, ha insistido para explicar que la intermediación del ‘lobby’ de Blanco “es una pieza más del entramado de la corrupción sanchista” y ha apuntado a los supuestos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China. Por este motivo, el PP ha pedido al presidente Pedro Sánchez que aclare hasta dónde llega el “zapaterismo” y que deje encubrir los “contratos con narcodictaduras” del exlíder socialista.
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