La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado aplazar su declaración del próximo 11 de septiembre porque su abogado tiene otra citación en un juzgado de Arona (Tenerife) para ese mismo día, que fue fijada con anterioridad.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, enviado por la defensa de Gómez el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, después de que este acordara imputar a la mujer de Sánchez un presunto delito de malversación en la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y la citara a declarar el 11 de septiembre.
En un escrito fechado el pasado día 21 y al que ha tenido acceso RTVE, el letrado Antonio Camacho solicita el aplazamiento por motivos de agenda. En concreto, explica que el pasado día 18 se le notificó el auto que acuerda la citación del 11 de septiembre, si bien menciona que con anterioridad a este señalamiento ya tenía fijada una declaración ese mismo día ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona.
Por ello, pide que se acuerde en su lugar una nueva fecha para su práctica y aporta el auto de 17 de junio del juzgado de Tenerife para acreditar el problema que tiene de fechas.
La nueva citación de Gómez
El pasado día 18 Peinado dictó un auto en el que imputa a Begoña Gómez el delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez. Peinado ya investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez recoge el auto de 12 de junio de la Audiencia de Madrid, en el que avalaba la investigación por un posible delito de malversación, relacionado con presuntas gestiones de la asesora en la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Ahora bien, el juez retoma esta investigación después de que el Tribunal Supremo archivase su petición de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez.
La decisión de Peinado de imputar malversación a Gómez supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a la mujer del presidente por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
