La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
La decisión se produce después de un enfrentamiento público entre el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el máximo responsable de Ryanair, Michael O’Leary, una de las aerolíneas sancionadas en España, con una multa de 107 millones de euros. La compañía ha recurrido la sanción y O’Leary, que llegó a llamar a Bustinduy “ministro loco comunista”, ha presionado desde entonces al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas
El pasado septiembre, Bustinduy afeó a Tzitzikostas que accediera a reunirse con O’Leary antes que con él y, tras improvisar el comisario una videollamada con el responsable español, el ministro le pidió que no “desoiga su obligación de defender los derechos de los pasajeros”.
Los motivos de la apertura del expediente
En un comunicado, Bruselas ha señalado que la legislación europea “garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios” y, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el equipaje de mano “debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables”.
“El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas“, ha defendido la Comisión, para después añadir que la Ley de Navegación Aérea española no permite que las aerolíneas apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano..
Esta circunstancia “restringe su libertad para fijar precios y para diferenciar entre un servicio que incluye un mayor límite de equipaje de cabina y otro que no ofrece esa posibilidad y únicamente contempla el volumen mínimo necesario para el transporte”, ha agregado el Ejecutivo.
La Comisión Europea también ha subrayado que España “ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas por su política de aplicar cargos separados por el servicio de transporte de equipaje adicional en cabina”, lo que a su juicio también infringen la normativa, al estar basadas en la citada sentencia del TJUE conforme a la legislación española de navegación aérea.
Bustinduy: “Es lamentable”
La respuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no se ha hecho esperar. En declaraciones remitidas a los medios, ha tildado de “lamentable” que la Comisión Europea “haya decidido posicionarse abiertamente como el abogado defensor de este puñado de grandes multinacionales que se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores”.
“Sí, es lamentable que la Comisión decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos a los que ni siquiera ha escuchado y que han iniciado en 13 países europeos acciones para seguir la línea del Ministerio de Consumo y defender los derechos de los consumidores en esta materia”, ha insistido.
Pese a ello, Bustinduy ha asegurado que “seguirán defendiendo los derechos de los consumidores en España” y, por ello, irán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): “Vamos a defender las veces que haga falta y ante quien haga falta que primen los derechos de los consumidores y el interés general sobre el lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales”.
En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la decisión y cree que la Comisión Europea se pone “de lado de algunas aerolíneas” y “claramente en contra de los intereses de los consumidores”. Así, ha animado al Ministerio de Pablo Bustinduy a “perseverar en su política de defensa de los consumidores, sancionando de acuerdo con la legislación vigente a las empresas que cometen abusos contra los consumidores”.
Ryanair recorta 1,2 millones de asientos para la temporada de verano
Enfrente, el máximo responsable de Ryanair, Michael O’Leary, ha celebrado que la Comisión Europea le haya dado la razón y haya declarado como “ilegales” estas sanciones. “Bustinduy debe aprenderse las leyes europeas porque tiene que cumplir con ellas”, ha recalcado en una rueda de prensa en la que ha aprovechado para anunciar que la compañía recortará 1,2 millones de plazas para la temporada de verano.
“Todo lo que no está aumentando se debe al fracaso gubernamental”, ha criticado O’Leary, para después acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “no hacer nada” y “permitir que Bustinduy haya dejado a España en vergüenza“. “Bustinduy debe renunciar y, si no lo hace, Sánchez tiene que despedirle por incompetente”, ha remarcado.
También la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha reivindicado el fallo, pues a su juicio “estas prácticas son legales” y “cada aerolínea es libre de aplicar su política de precios”. “Consumo se extralimitó al imponer una sanción unilateral, injustificada, de espaldas a la UE y saltándose la legislación europea”, ha asegurado Javier Gándara, presidente de ALA, quien ha reclamado al Ministerio que retire las multas abiertas contra varias aerolíneas que carecen de justificación, máxime después de la decisión de Bruselas.
Dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.
De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
