La Comisión Europea lanzó ayer a los Estados miembros su tradicional batería de recomendaciones en el marco del paquete de primavera del semestre europeo. En el caso de España, las peticiones que llegan desde Bruselas vuelven a estar relacionadas con el alto nivel de deuda pública del país, que ronda el 118% del PIB; el déficit, que sigue notablemente por encima del 3%; y los elevados niveles de desempleo. Por eso, además de exigir un plan de sostenibilidad fiscal, la Comisión pidió a España una política económica prudente y un diseño adecuado de las reformas tributaria y de pensiones, habida cuenta de que la indexación a la inflación “aumentará” irremediablemente el gasto público.
En el apartado de las pensiones, detalla el Ejecutivo comunitario, las reformas incluidas en el Plan de Recuperación deben diseñarse e implementarse cuidadosamente como un paquete consistente para garantizar que contribuyan a mitigar los riesgos a medio y largo plazo. Por eso, “la introducción de medidas compensatorias”, que habrán de adoptarse ya en 2022, “es necesaria para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.
En la parte tributaria, por su parte, Bruselas recuerda la “amplia reforma” que está diseñándose y recalca que “parece haber margen de mejora al enfatizar en los impuestos que se consideran más propicios para el crecimiento económico y que pueden reducir la gran proporción que los ingresos al trabajo representan en los ingresos totales”.
La Comisión, en un análisis del sistema tributario español recogido en las recomendaciones específicas por país, certifica que los ingresos fiscales “son relativamente bajos en relación con el PIB, con una gran contribución de la fiscalidad laboral”. Por eso pide al Gobierno acercarse a los parámetros europeos.
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