En un macrooperativo policial marcado por el caos, las avalanchas y las cargas policiales, las fuerzas de seguridad han iniciado este viernes el desalojo de más de 3,000 migrantes que permanecían acampados en las playas de Benítez y El Trampolín, para trasladarlos a las carpas provisionales habilitadas en el puerto de la ciudad autónoma.
El despliegue, que comenzó en torno a las 6:30 de la mañana, cuenta con la participación de unos 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, apoyados por unidades antidisturbios (UIP) y drones de vigilancia.
Momentos de pánico y disparos al aire
La intervención policial despertó el temor colectivo entre los migrantes a quedarse fuera del nuevo recinto asistencial, lo que desató violentas estampidas y embudos humanos en los cordones de acceso. Ante el riesgo de desbordamiento, los agentes se vieron obligados a efectuar disparos disuasorios al aire y a emplear material antidisturbios para contener las masas. Como balance preliminar de las primeras horas de la mañana, se reportan varias personas heridas debido a las agresiones mecánicas del tumulto y los enfrentamientos directos.
Vía libre judicial, pero con espacio insuficiente
El traslado masivo se produce inmediatamente después de que la Audiencia Nacional desbloqueara la situación legal de la infraestructura del puerto. El tribunal autorizó el uso del campamento provisional al levantar la suspensión cautelar que congelaba estas carpas debido a las disputas de competencias entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma.
A pesar del desbloqueo judicial, las autoridades enfrentan una severa crisis de espacio:
- Capacidad del puerto: Las carpas están diseñadas para albergar un máximo de 1,700 personas.
- Déficit de plazas: Con más de 3,000 personas censadas en los arenales, cientos de migrantes se han quedado sin cupo en el puerto, viéndose obligados a dispersarse hacia el interior de la ciudad o a levantar nuevos asentamientos improvisados.
Contexto de una crisis cronificada
Este contingente forma parte de la oleada migratoria sin precedentes que ingresó a Ceuta a finales del pasado mes de julio, colapsando por completo los servicios sociales de la ciudad. Mientras las instalaciones del puerto operan ya al límite de su capacidad, el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí mantienen intensas negociaciones para acelerar las derivaciones hacia la península, priorizando la atención de los menores no acompañados y los perfiles más vulnerables.
