La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Leila Laura G.M. y a John M.G., tía y sobrino de origen colombiano, a 24 años de cárcel para cada uno por el asesinato de la dueña de un prostíbulo en un pueblo de Madrid, que murió tras recibir 26 puñaladas.
La víctima, de originaria de República Dominicana, falleció tras recibir 26 puñaladas en un ataque descrito por la justicia como “súbito y sorpresivo”.
El fallo, que sigue el veredicto de un jurado popular emitido semanas atrás, señala que los condenados planearon de manera conjunta el crimen, que ocurrió en febrero de 2023.
Según el relato recogido por el tribunal, ambos (tía y sobrino) ingresaron al local por un patio trasero y se dirigieron a la habitación donde se encontraba la víctima. Allí se abalanzaron sobre ella y la agredieron con un cuchillo de 20 centímetros, apuntando directamente a órganos vitales.
La sentencia resaltó que existió una clara “intención de matar”, pues el informe forense detalló 26 heridas provocadas durante el ataque, la mayoría atribuidas al hombre.
El crimen, según determinó el jurado, fue resultado de un acuerdo previo entre los acusados tras una discusión motivada por un presunto impago entre la víctima y Leila, que ejercía la prostitución en el establecimiento.
El tribunal rechazó los argumentos presentados por la defensa, que sostenía que la muerte se produjo durante un episodio de legítima defensa o en forma imprudente.
En cambio, la jueza remarca la coautoría entre tía y sobrino para ejecutar el asesinato.
Además de la pena de cárcel, ambos deberán pagar una indemnización de 500.000 euros al esposo y los cinco hijos de la fallecida. La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Desde el 22 de abril de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid juzgó a la mujer colombiana y su sobrino, señalados como responsables del asesinato de una ciudadana dominicana de 44 años en un prostíbulo del oriente de la capital española.
La víctima, conocida como Katy, ejercía como ‘madame’ en el establecimiento y había sido ascendida apenas una semana antes del crimen.
La investigación apunta a que la motivación principal fue la venganza, debido a que Katy había despedido a la acusada de nacionalidad colombiana.
Según la Fiscalía y el informe de la Guardia Civil, la tarde del 6 de febrero de 2023, la colombiana —identificada en el lugar como Lucía—, su sobrino y el novio de Lucía, un ciudadano español, llegaron en un vehículo al prostíbulo en Pezuela de Las Torres.
“El relato de hechos describe cómo Lucía le pidió a su primo que ingresaran por el patio trasero para no ser detectados”, según el escrito de acusación. Tras recorrer el local con los rostros cubiertos, ambos dieron con la habitación donde se encontraba la víctima y “se abalanzaron sobre ella de manera súbita y sorpresiva con un cuchillo de grandes dimensiones”.
La acusación sostiene que la víctima fue “apuñalada repetidamente”, lo que generó caos y gritos en el prostíbulo. Cuando los servicios de emergencia acudieron, solo pudieron certificar su fallecimiento media hora después de la agresión.
El tercer implicado, el novio español de Lucía, habría participado facilitando la huida de los agresores en el vehículo.
Labores policiales posteriores posibilitaron que entre el 19 y 20 de marzo de 2025 se efectuaran las detenciones: la mujer fue retenida en una terminal aérea cuando intentaba salir del país, su sobrino en la estación de trenes de Chamartín y el español en el municipio de Parla.
El cuchillo utilizado fue hallado y enviado al laboratorio forense como prueba clave del caso.
Por último, se confirmó que la víctima tenía cinco hijos y estaba casada. Por lo que se espera cerrar este difícil capítulo en el entorno de la mujer caribeña, que fue asesinada por la decisión que tomó.
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