Las medidas de emergencia habitacional impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez cosechan un rechazo mayoritario entre la ciudadanía a las puertas de la campaña electoral. Según la última encuesta realizada por el Instituto DYM, el 42.9% de los españoles considera que los decretos de vivienda empeorarán el problema, frente a un 39.6% que confía en que resultarán beneficiosos para mitigar la crisis del sector. El 17.5% restante prefiere no decantarse.
Este revés demoscópico se produce en un momento de máxima vulnerabilidad legislativa para el Gobierno, tras el reciente rechazo parlamentario que forzó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Los datos reflejan que las recetas gubernamentales no logran generar consenso social tras meses de fuerte tensión en el mercado inmobiliario.
Una profunda fractura partidista
Los resultados del sondeo evidencian una polarización ideológica radical que traslada fielmente el bloqueo del Congreso a la opinión pública:
- Bloque de la izquierda: Los votantes del PSOE y de Sumar respaldan de forma masiva la intervención del mercado. Solo un 18.8% de los simpatizantes socialistas y un 15.1% de los del partido minoritario de la coalición ven con malos ojos los decretos.
- Bloque de la derecha: El rechazo es casi unánime entre los seguidores del Partido Popular (PP) y Vox, quienes coinciden con los argumentos del sector inmobiliario al advertir que los topes y regulaciones contraerán la oferta de alquiler.
Factor clave para el 29-N en la Diputación Permanente
La vivienda se consolida como uno de los grandes catalizadores del voto de cara a la cita con las urnas. Más del 60% de los encuestados admite que el precio de los inmuebles y la accesibilidad habitacional —junto a la gestión migratoria y la economía— determinarán el sentido de su papeleta dentro de 48 días.
El futuro inmediato de estas reformas se dirimirá en un escenario inédito. Al estar el Parlamento disuelto, la convalidación de las medidas aprobadas in extremis por el Consejo de Ministros no recaerá en el Pleno, sino en la Diputación Permanente. En este órgano, el bloque de investidura cuenta con los números para salvar el primer decreto ya en vigor. Sin embargo, el segundo paquete corre el riesgo de decaer de forma definitiva ante la negativa del PNV a apoyarlo, sintonizando con el pesimismo mayoritario que refleja la demoscopia.
