El escenario político de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre sumó este lunes un nuevo frente de alta tensión. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de ratificar el veto electoral que impedirá votar a cerca de 163,000 nacionalizados bajo la denominada ‘ley de nietos’. Por su parte, el Partido Popular (PP) celebró el fallo judicial, calificando la normativa de origen del Ejecutivo como una “chapuza” e “irresponsabilidad”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó, por una mayoría de cinco votos contra uno, el recurso de la Abogacía del Estado. Con esta resolución, los magistrados confirmaron la suspensión cautelar del derecho al voto para aquellas inscripciones en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) que deriven de la instrucción de la Ley de Memoria Democrática, exceptuando únicamente a quienes demuestren de forma fehaciente que sus antepasados fueron exiliados políticos.
El Ejecutivo busca la vía constitucional
La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar ante lo que consideran un recorte de derechos fundamentales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó que están en consultas con la Abogacía del Estado para evaluar la viabilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de manera inmediata.
Desde las filas del PSOE cargaron con dureza contra el PP y contra Vox —formación que impulsó el recurso judicial original—, acusándolos de intentar alterar el proceso electoral mediante la exclusión de miles de descendientes de españoles en el exterior. “Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos”, reprochó Marlaska en declaraciones a los medios.
La oposición blinda la “pureza del censo”
Para el bloque de la oposición, el dictamen del Tribunal Supremo representa un aval definitivo a las advertencias que venían lanzando sobre la gestión del censo exterior. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a través de la red social X para aplaudir el fallo: “En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna”, sentenció, acusando al Ejecutivo de anteponer “sus prisas y sus chapuzas” a las reglas democráticas.
En la misma línea, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, insistió en que el Estado de derecho ha frenado las intenciones de Moncloa de “torcer el brazo a la democracia”. Desde Ceuta, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también reivindicó la resolución como un éxito judicial propio, asegurando que con esta medida preventiva “ahora les será más difícil robar las elecciones”.
El Alto Tribunal justificó su decisión bajo el argumento de que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer” ante el riesgo de consolidar un censo exterior de forma irregular a solo 48 días de los comicios.
