El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión”. La iniciativa, que busca prohibir y sancionar penalmente los procedimientos dirigidos a modificar, reprimir o anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, sale adelante con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. El texto continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado.
La nueva regulación introduce el artículo 173 bis en el Código Penal, el cual establece penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los ocho y los veinticuatro meses para quienes promuevan o apliquen estas prácticas.
Claves de la reforma penal
La propuesta legislativa introduce modificaciones de gran calado en la persecución de estas conductas:
- Invalidez del consentimiento: Las penas se aplicarán de forma íntegra aunque los procedimientos cuenten con el consentimiento voluntario de la víctima o de sus tutores legales en el caso de menores de edad.
- Veto a la financiación pública: Queda prohibida la concesión de subvenciones, ayudas o fondos públicos a cualquier persona, entidad o asociación que cuente con una sentencia condenatoria firme por estos delitos.
- Endurecimiento legal: Estas prácticas de aversión, que ya estaban consideradas como infracciones administrativas muy graves en la Ley Trans de 2023, pasan ahora a castigarse por la vía penal en todo el territorio nacional.
Posturas en el debate parlamentario
La sesión en la Cámara Baja reflejó una profunda división política respecto a la forma de abordar la ley:
El bloque a favor, liderado por el PSOE y respaldado por agrupaciones como Sumar, EH Bildu, PNV, Podemos y Compromís, defendió la urgencia de la norma al considerar estos actos como una forma de tortura. Paralelamente, instaron al Gobierno a desarrollar planes de ayuda económica y soluciones habitacionales para los afectados.
Por su parte, el Partido Popular optó por la abstención tras calificar la ley de necesaria, pero criticar el uso electoralista del debate ante la cercanía de las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+. La formación avanzó que buscará introducir modificaciones técnicas durante su debate en la Cámara Alta. En contraposición, Vox votó en contra al considerar la reforma un ataque directo a la libertad individual y familiar.
