El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional la nulidad general de todas las actuaciones del llamado “caso Plus Ultra”. A través de un recurso presentado por su defensa legal, el exmandatario denuncia una vulneración sistemática de sus garantías constitucionales y la existencia de una “investigación paralela” basada en pruebas obtenidas de forma ilícita.
El escrito, articulado bajo la estrategia de “nulidades encadenadas”, busca dejar sin efecto un total de doce resoluciones judiciales clave. Entre ellas se encuentran la apertura de la causa penal, los registros a sus oficinas, el bloqueo parcial de sus cuentas bancarias y la pieza separada por presuntos delitos fiscales derivada del hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros.
Argumentos de la defensa
El equipo legal de Zapatero fundamenta la petición de sobreseimiento en cuatro pilares principales:
- Juez no predeterminado: Sostiene que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se desvió de forma irregular a un juzgado específico mediante una pieza separada, en lugar de someterse al reparto ordinario por turno.
- Falta de competencia: Cuestiona la legitimidad de la Audiencia Nacional y del magistrado José Luis Calama para liderar el proceso.
- Prueba ilícita: El núcleo de la impugnación radica en el uso de un disco duro intervenido en el extranjero. La defensa afirma que la Fiscalía y la UDEF lo utilizaron para abrir una indagación en España sin la autorización judicial requerida.
- Violación de la intimidad: Denuncia el uso indiscriminado de sus agendas personales y de mensajes interceptados a terceros por agencias estadounidenses, vulnerando el secreto de las comunicaciones.
Contexto del caso
El magistrado investiga al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias orientada a favorecer el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, además de supuestas mediaciones internacionales en países como Bolivia.
Paralelamente a esta solicitud de nulidad, el propio juzgado ha ordenado abrir una investigación para identificar a los responsables de la filtración masiva a los medios de la agenda privada y conversaciones de Zapatero con su secretaria.
