El Congreso tumba la ley de lobbies del Gobierno y deja en el aire 1.500 millones de euros en fondos europeos

El Congreso de los Diputados ha propinado un duro revés parlamentario al Ejecutivo al derogar el real decreto ley que regulaba la actividad de los grupos de interés, conocido como la “ley de lobbies”. Esta decisión no solo anula la normativa impulsada de forma acelerada en agosto por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, sino que pone en riesgo el desembolso de 1.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación.

La convalidación del decreto ley fracasó en la Cámara Baja al recabar 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones. El bloque del “no” estuvo liderado por partidos de la oposición como el PP, Vox, Junts y UPN, a los que también se sumó el PNV. A pesar de que los socios de coalición de Sumar rectificaron su oposición inicial a última hora tras arrancar compromisos de aclaración por parte del PSOE, el cambio de postura resultó insuficiente para frenar la mayoría opositora.

El principal punto de fricción que dinamitó el consenso político y social fue la equiparación de los sindicatos y las patronales con los lobbies convencionales. Diversas organizaciones patronales y sindicales de peso expresaron su rechazo frontal en los días previos. Se argumentó que la función de diálogo social está protegida específicamente por la Constitución Española y que diluir su rol institucional bajo el paraguas de meros grupos de presión constituía un grave error terminológico. Además, la oposición criticó duramente el uso sistemático del decreto ley por parte del Gobierno como un “atajo” para eludir el trámite legislativo ordinario.

Con esta derogación parlamentaria, el nuevo registro estatal obligatorio de grupos de interés queda completamente suspendido apenas una semana después de su puesta en marcha. Multinacionales y entidades sectoriales que ya habían iniciado sus trámites de inscripción verán congeladas sus obligaciones de transparencia de manera indefinida. La Comisión Europea evaluará ahora el impacto de este incumplimiento regulatorio dentro del Plan de Recuperación de España.

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