El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto-ley que consolidará jurídicamente el embargo de armas a Israel, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas dentro de un paquete con nueve medidas para “detener el genocidio en Gaza”.
“Consolidamos el embargo total de armas a Israel y la importación de productos de asentamientos ilegales israelíes en Palestina”, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha desgranado las cuatro medidas que incluye el real decreto-ley aprobado.
Así, la norma prohíbe la compra y la venta de material de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel, así como también impide también el tránsito por España, tanto por puertos y espacio aéreo, de combustibles con destino a Israel que pueda tener un uso final militar.
Además, prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos.
El Gobierno se compromete a “rendir cuentas” trimestralmente
Según Cuerpo, estas medidas se aplican en los supuestos de operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes. Y ha puntualizado que también la norma prevé que el Consejo de Ministros pueda aplicar excepciones para “salvaguardar el interés general nacional”, así como la retirada total o parcial de las medidas.
Por otra parte, el ministro de Economía ha garantizado que el Gobierno se compromete a “rendir cuentas” sobre la aplicación del Real Decreto-ley ante el Congreso de los Diputados con “carácter trimestral”.
Fuentes del Ejecutivo han subrayado que de este modo se refuerza jurídicamente el embargo de venta de armas a Israel que España aplica desde el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023, y han señalado que esta medida tiene como objetivo “no contribuir y rechazar el genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel en Gaza”.
También han asegurado que el embargo se enmarca en una política más amplia de apoyo a la solución de dos Estados, el reconocimiento de Palestina y el impulso de iniciativas en la ONU y la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidades por crímenes de guerra.
Una de las medidas pendientes de aprobar por su “complejidad”
Este embargo de armas era la única medida de las nueve anunciadas por Sánchez que quedaba por aprobar, puesto que las otras ya las aprobó el Ejecutivo en su reunión del pasado 9 de septiembre.
Esta medida había quedado pendiente por su complejidad, según explicó la semana pasada la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ya que había varios ministerios implicados y había que adecuar el contenido a la legislación europea. Desde entonces, los socios de coalición y parlamentarios han venido presionando al ala socialista del Gobierno para que se aprobara cuanto antes el embargo. Los ministros socialistas salieron al paso de las presiones asegurando que la aprobación del decreto era “cuestión de días”.
No obstante, el Ejecutivo dejó claro que el embargo de armas ya se venía realizando desde octubre de 2023, aunque ahora con el decreto se quiere dar una mayor cobertura jurídica a la prohibición de comerciar armamento con Israel.
Tendrá que ser convalidado en el Congreso
Una vez aprobado el decreto ley entrará en vigor, pero ha de ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Aunque en las últimas semanas, el Gobierno ha perdido varias votaciones, como la de la reducción de la jornada laboral, en esta ocasión, prevé que podrá lograr el respaldo de la mayoría de la Cámara.
También es posible que una vez convalidado, el Pleno del Congreso acuerde su tramitación como proyecto de ley, para poder introducir enmiendas en el texto, algo que desde Sumar ya han avanzado que harán.
“Una vez que se convalide, pediremos que podamos tener un debate para ver qué medidas se pueden incluir. Queremos tramitarlo como proyecto de ley, para ver de qué manera se puede mejorar y ver alguna cláusula con la que no estamos conformes”, ha explicado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en declaraciones a los medios.
La reunión del Consejo de Ministros de este martes no ha sido presidida por Pedro Sánchez, ya que está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, en la que intervendrá el rey Felipe VI. En su lugar, ha presidido la reunión la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Sumar aplaude la aprobación del decreto
Para el portavoz de Sumar, con la aprobación del decreto se da “un paso muy importante porque convertimos el embargo en ley”. Asimismo ha indicado que su formación propondrá “ampliar su ámbito de aplicación en el trámite parlamentario”.
En concreto, Urtasun ha señalado que Sumar no está conforme la “cláusula” que establece que el Consejo de Ministros podrá establecer “excepciones” a alguna operación del embargo “por el interés general”. “No lo terminamos de ver, por lo que veremos si podemos cambiarla en la tramitación parlamentaria”, ha admitido.
Asimismo fuentes de Sumar han señalado que con esta norma, España se convierte en “el primer país que prohíbe exportación de armas, tránsito de combustible importaciones de productos y servicios de los territorios ocupados, y marca el camino a la Unión Europa para que se pueda aprobar pronto un embargo del conjunto de la Unión Aduanera”..
Una “buena noticia” que llega tarde
Para el investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz Alejandro Pozo, este decreto es una “buena noticia”, ya que “es algo que no ha hecho nadie en este último medio siglo“, aunque cree que llega tarde.
En declaraciones a Las Mañanas de RNE, Pozo ha advertido de que este decreto podría haberse aprobado en “casi un centenar de Consejos de Ministros” anteriores, pero, a su juicio, “parece que se haya esperado a que las exportaciones, y, sobre todo, las importaciones, se hayan consumado”.
Asimismo ha advertido de que se ha producido un “acelerón” en los últimos meses de estas operaciones. Para Pozo, esto puede ser para “no afectar a los intereses económicos de España”.
