El Gobierno ha aprobado definitivamente este martes el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Dotado con 7.000 millones de euros, pretende ampliar el parque de vivienda asequible, movilizar y dignificar los inmuebles ya disponibles y aumentar la protección de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado. Otro de sus objetivos es blindar que la vivienda pública y protegida no pueda ser nunca objetivo de especulación.
El programa tiene cinco objetivos: incrementar la vivienda pública, protegida y asequible; hacerla más accesible y eficiente; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda y revertir las zonas tensionadas poniendo especial atención en la España rural. Para materializar todo esto, se centra en aumentar la oferta disponible construyendo más e incorporando inmuebles ya edificados al parque público. Asimismo, impulsará la rehabilitación y protegerá a los colectivos más vulnerables ante la crisis de precios.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes que este plan es “un paso importante” para solucionar el problema de la vivienda y evitar que sea “una crisis permanente” y que “el mercado se coma las rentas de las familias”. Según el Gobierno, se ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, con las que ha dialogado “intensamente”, y también se han mantenido otros encuentros con entidades, agentes sociales y expertos.
Corresponsabilidad entre el Gobierno y las comunidades autónomas
El Plan Estatal de Vivienda cuenta con una inversión total de 7.000 millones de euros, el triple del plan anterior y eleva la corresponsabilidad entre distintos niveles dentro de la Adminsitración Pública. De este modo, el 60% de la dotación bebe del Gobierno de España y el 40% restante corresponde a la aportación de las comunidades autónomas. Estas últimas verán multiplicado por tres sus fondos para desarrollar políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda, como ha detallado el Ejecutivo.
Andalucía, la que más inversión recibirá
Dentro de esos 7.000 millones, el 40% se destinará a la construcción de nuevos inmuebles, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a impulsar ayudas para los colectivos más vulnerables. Por autonomías, la distribución de fondos recaerá en mayor medida sobre Andalucía, con 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid y Cataluña, con 1,113 y 1.015 millones, respectivamente. En el caso de Madrid y Andalucía, la dotación triplica la del anterior plan, el de 2022 a 2025.
Más controles y transparencia en el mercado
El nuevo plan, según el Ejecutivo, incluye novedades con respecto a controles, transparencia y gobernanza. Por un lado, busca blindar la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella. Por tanto, el Gobierno condiciona la finaciación de viviendas al hecho de que sirvan al interés general.
Por un lado, impulsa una cláusula antifraude en las adjudicaciones, de forma que las viviendas edificadas o adquiridas con recursos del Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con objetividad y transparencia, y será el Ministerio de Vivienda el que realice garantice que se respetan estas condiciones. “No vamos a financiar una adjudicación que no pase estos criterios”, ha asegurado Rodríguez.
Por otro lado, se requerirá a las comunidades que envíen información sobre los alquileres que figuren en sus registros. Esto facilitará tener información en tiempo real sobre los alquileres en vigor y su precio. Con esto, se busca que los datos sean públicos y estén al servicio del interés general para aportar mayor transparencia sobre la situación del mercado.
Ayudas para construir viviendas, con especial foco en zonas tensionadas
Como establece el plan, se financiará la construcción de vivienda pública mediante una colaboración público-privada de hasta 85.000 euros por inmueble. Estos tendrán un alquiler máximo de 900 euros mensuales —aunque podría variar en función del tamaño del inmueble— y estarán protegidas “para siempre”. Si se construyen casas en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse también a la venta, pero manteniendo esta protección.
También se ponen en marcha ayudas en la urbanización del suelo donde se vaya a construir al menos un 40% de vivienda protegida. Concretamente, será de 8.000 euros por cada uno de estos inmuebles. Por otro lado, se habilita otra ayuda de hasta 8.500 euros por vivienda si se usan técnicas de industrialización, y se establece otra de hasta 8.500 euros si el nuevo inmueble se construye en una zona declarada como tensionada. En total, según cálculos del Ejecutivo, la ayuda por vivienda podrá llegar a 102.000 euros si se construye en una zona tensionada y se usan métodos de industrialización.
Además, se ofrece una ayuda de hasta 17.000 euros —25.000 si es en una zona tensionada— a particulares que cedan una vivienda a una comunidad autónoma para que la ponga en el mercado mediante un alquiler máximo de 600 euros al mes. Asimismo, se destinarán 12.000 euros para hacer obras o reformar estos inmuebles cedidos.
Impulsar la rehabilitación de inmuebles
El nuevo Plan Estatal de Vivienda también contempla ayudas para hacer reformas y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética. Serán de 8.000 euros por inmueble en el caso de obras estucturales y de hasta 13.000 euros si son de accesibilidad. Con respecto a las de rehabilitación energética, podrán llegar hasta 20.500 euros en función del consumo y tamaño del inmueble. Por otro lado, se habilita otra ayuda añadida de 30.000 euros si la vivienda que se va a rehabilitar está en el casco histórico o tenga una protección patrimonial especial.
También se pone en marcha una ayuda de hasta 30.000 euros en financiación para rehabilitar inmuebles que lleven más de dos años vacíos, siempre y cuando se pongan luego en alquiler asequible por un plazo mínimo de cinco años. Si la vivienda está en el medio rural, la dotación puede subir hasta 35.000 euros.
Más protección a colectivos vulnerables
El plan también pone en marcha una ayuda de 300 euros al mes para jóvenes que paguen un alquiler, y cada comunidad autónoma podrá incrementar o aumentar la cifra en función de su criterio. Por otro lado, se impulsa una ayuda de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes de 35 años o menos que compren su primera vivienda en localidades de hasta 10.000 habitantes. La cuantía podrá aumentar hasta 20.000 euros si el municipio sufre despoblación.
Por otro lado, el plan impulsa otra ayuda ayuda general para el pago del alquiler de 250 euros para personas con recursos limitados. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, la Administración asumirá el pago del alquiler mensual, con un máximo de 1.000 euros, una cuantía que las autonomías podrán aumentar o reducir.
