El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el que busca aligerar las cargas burocráticas que afrontan miles de pymes en España. El texto, que todavía está en fase inicial de tramitación, fija nuevos umbrales de facturación y activo (los recursos con los que cuenta una empresa para su actividad, como oficinas, stock de productos, patentes, equipos informáticos…) una compañía se clasifica como pequeña, mediana o grande a efectos de comunicar su información financiera.
La idea es que persigue esta iniciativa del Ministerio de Economía es elevar esos umbrales para que haya más pequeñas empresas que puedan acceder al régimen simplificado de información financiera. Un marco normativo que exige menor nivel de detalle y desglose para estas compañías, lo que facilita cumplir con sus obligaciones a las firmas con menos capacidad económica. Así, se lograría “reducir sus cargas administrativas” y favorecer “un entorno empresarial más eficiente”, señala el ministerio en una nota de prensa.
Por ejemplo, para que una empresa se considere pequeña con la nueva regulación, su activo no debería superar los 7,5 millones de euros y su volumen de negocio no podría exceder los 15 millones (el requisito de tener 50 empleados o menos se mantiene). En la actualidad, estas cuantías son de cuatro y ocho millones respectivamente, por lo que la propuesta de Economía pasa por elevarlas un 87,5%.
En el caso de las empresas medianas, el umbral máximo de activo se eleva de los 20 millones actuales a 25 y el de facturación pasaría de 40 a 50 millones (incrementos del 25%). De nuevo, el número de empleados para entrar en esta categoría se mantendría estable en 250 personas. Para las grandes compañías, serían consideras dentro de esta categoría todas las empresas que superen los umbrales que se acaban de mencionar.
La estimación del Ministerio de Economía es que, con el nuevo marco, el 98,5% de las empresas españolas puedan realizar su contabilidad con cargas administrativas reducidas. Se espera beneficiar a 5.813 empresas que actualmente no disfrutan de esta facilidad.
Umbrales más altos para auditoría
Asimismo, el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros eleva un 25% los umbrales que determinan qué empresas están obligadas a presentar auditoría. Las cuantías pasarían de los 2,85 millones de activo recogidos en la legislación vigente (que data de 2013) a 3,565 millones. En lo que respecta a la facturación, el umbral crece de 5,7 a 7,125 millones, mientras que el número de empleados permanece constante en 50.
Cualquier firma que supere al menos dos de esos tres límites estaría obligada a auditarse. Los cálculos de Economía apuntan a que unas 4.300 empresas que actualmente deben pasar auditoría dejarían de estar obligadas por los nuevos requisitos de tamaño.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo señala que las modificaciones aprobadas “permitirán que menos empresas afronten obligaciones más complejas y más costosas, facilitando así que redirijan esos recursos a inversión, digitalización o empleo, y reforzando su competitividad”.
