El Gobierno tilda de “persecución judicial” la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez

El Ejecutivo central ha salido en tromba este lunes a defender la inocencia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tras conocerse la decisión del juez Juan Carlos Peinado de decretar la apertura de juicio oral en su contra. Desde La Moncloa han calificado formalmente el procedimiento como una “persecución judicial” y una instrucción arbitraria motivada exclusivamente por su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales aseguran que la inocencia de Gómez ha quedado “clara y demostrada” tras meses de diligencias y confían en que un jurado popular ratificará su absolución definitiva en el banquillo.

El auto del magistrado ha desatado una profunda indignación en el seno del Gobierno y del PSOE, quienes han denunciado de forma unánime tres factores clave en el proceder judicial:

  • El momento de la notificación: Califican de “intolerable” que la resolución se publicara en la víspera del viaje internacional de Pedro Sánchez a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, y reprochan que se filtrara a la opinión pública antes de notificarse a las defensas.
  • La inminente jubilación del juez: Diversos ministros han deslizado que esta decisión es el “último servicio antes de colgar la toga” del juez Peinado, cuya jubilación obligatoria se hará efectiva esta misma semana.
  • Acotación de los delitos: Gómez será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid descartara previamente los cargos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. También irá a juicio su asesora, Cristina Álvarez.

Críticas de la oposición por la presión al poder judicial

La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha censurado los ataques del Gobierno a la judicatura, recordando que los jueces “hacen su trabajo y aplican la ley”, al tiempo que sostiene que Gómez se prevalió de su posición institucional. Por su parte, Vox ha instado a respetar los tiempos de la justicia y defiende la solidez de los indicios acumulados en la causa.

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