El juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Así se establece en la diligencia de señalamiento dictado por la Audiencia Provincial de Badajoz este viernes para el juicio oral en la causa por la contratación de David Sánchez como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, decidió el pasado mes de mayo enviar al banquillo al hermano de Sánchez y decretó la apertura de juicio oral por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de esa plaza a la que accedió, después de una denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.
Las sesiones del juicio comenzarán a las 10:00 horas, y se podrán ampliar en horario de tarde a partir de las 17:00 horas, de acuerdo con el señalamiento.
La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.
Biedma dio por concluida esta semana la fase de instrucción y remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial, después de que todas las partes dieran traslado de sus conclusiones provisionales.
La juez cree que David Sánchez sabía que se había “creado para él”
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.
La jueza considera que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno de David Sánchez que “conocían la necesidad” de este, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.
Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia.
Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
La Fiscalía ha pedido archivar el procedimiento
La Fiscalía ha pedido a archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.
“Es absurdo prolongar el proceso” que está “condenado al fracaso”, afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.
En su solicitud de archivo, que extiende a las otras nueve personas investigadas, la Fiscalía entiende que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera “patente”, “clara”, “inobjetable” e “irrefutable”.
“La conclusión incriminatoria” de la jueza se sustenta, según la Fiscalía, en “conjeturas e hipótesis” que no cuentan con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, el que finalmente ocupó David Sánchez, “fuera creado a la carta”.
La acusación popular cree que no desempeñó su puesto de trabajo
Bajo la dirección letrada de Manos Limpias, la acusación popular entiende que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música “se había creado para él” y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era “un mero paripé”.
“Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente”, lo que “no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado”, se añade.
Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a “sus preferencias personales” de “no tener que acudir diariamente a un despacho” y que la persona que “extraoficialmente le ayudaba” en su proyecto de ‘Ópera Joven’, Luis María Carrero, también fuera contratado.
Para Carrero, quien dimitió de su puesto el pasado mes de julio, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.
