España se sitúa como el país líder de la OCDE en tasa de reemplazo bruta de las pensiones, alcanzando un 80.4% de cobertura con respecto al último salario percibido por el trabajador medio antes del retiro. De acuerdo con los indicadores consolidados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esta cifra supera por amplio margen la media del organismo —fijada en el 56.3%— y la de la Unión Europea (56.9%), consolidando al modelo español como uno de los más generosos a nivel global, pero también entre los más presionados financieramente.
El indicador mide la cuantía de la pensión pública obligatoria en comparación con los ingresos previos a la jubilación. El análisis revela un marcado contraste entre el sur de Europa y las principales economías anglosajonas y bálticas. Mientras que España (80.4%), Grecia (79.6%) y Portugal (72.4%) dominan la parte alta de la tabla, potencias globales registran tasas significativamente inferiores: Estados Unidos se queda en un 39.7%, Alemania en un 40.8% y el Reino Unido en un 44.7%.
El debate sobre el gasto y la sostenibilidad demográfica
Los expertos apuntan a que esta elevada tasa responde a que España calcula las prestaciones sobre los mejores 27 años de la carrera laboral, en lugar de computar toda la vida cotizada como hacen la mayoría de sus socios comunitarios. A pesar de que los jubilados españoles disfrutan de una mejor situación relativa que sus homólogos bálticos —donde países como Lituania tienen tasas de reemplazo del 17.4% y niveles de pobreza en la tercera edad superiores al 20%—, el modelo genera profundas dudas sobre su viabilidad presupuestaria.
La generosidad del sistema coincide con un acelerado envejecimiento demográfico. Las proyecciones advierten que la población activa española se contraerá cerca de un 30% en las próximas cuatro décadas, lo que elevará el gasto en pensiones desde el 13.6% del PIB registrado recientemente hasta un pico cercano al 19% del PIB hacia el año 2050 si no se acometen reformas estructurales de contención.
