España pide en la UE “medidas legales para reducir la compra de vivienda no residencial”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea “tomar medidas legales” destinadas a reducir la compra de vivienda no residencial ante un “mercado que no funciona”. El sistema, que “especula con un derecho”, está “imposibilitando proyectos de vida de muchos ciudadanos”, ha defendido el mandatario en una rueda de prensa desde Bruselas, donde se ha abordado el asunto por primera vez en un Consejo Europeo, con el fin de articular una respuesta común.

“La vivienda debe ser un derecho y no un privilegio”, ha dicho Sánchez al término del Consejo, antes de enumerar las tres áreas de acción que ha propuesto su Ejecutivo. Además de las herramientas legales, ha reclamado “palancas desde Bruselas para actuar sobre las zonas tensionadas”, en grandes urbes y lugares afectados por el turismo de masas, y “financiación comunitaria específica” para la construcción de vivienda a precio asequible.

El precio de la vivienda es ya un “problema europeo” y se ha abordado como tal. “El problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán”, ha afirmado Sánchez a su llegada a la cumbre de la Unión Europea, en Bruselas, en la que también han abordado el refuerzo de las capacidades defensivas y la ayuda financiera a Ucrania.

Los líderes de la UE han solicitado al Ejecutivo comunitario que presente un plan “ambicioso y completo” sobre vivienda, así como una estrategia que apoye y complemente “los esfuerzos de los Estados miembros”. En el texto de conclusiones adoptados durante la cumbre de este jueves, los Veintisiete han pedido a la Comisión que presente su proyecto “con prontitud” y que tenga en cuenta “los principios de subsidiariedad y competencias nacionales”.

Pide actuar ante “la emergencia habitacional”

Sánchez ha recordado que actuar ante la “emergencia habitacional que vive toda Europa” fue una de las condiciones de los socialdemócratas para el acuerdo de investidura de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. No obstante, también el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha hablado este jueves de convertir el acceso a la vivienda en una prioridad común, con un presupuesto en consonancia.

El mismo presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha impulsado el debate, mientras la Comisión Europea prepara un Plan de Vivienda Asequible. Y es que, para Costa, el problema habitacional “afecta al derecho fundamental de los ciudadanos, repercute negativamente en la competitividad y socava la confianza” en las instituciones democráticas. Por ello, planteó en la víspera que los Estados miembro puedan hacer un mayor uso de fondos comunitarios para tener “más margen de maniobra”.

El coste de la vivienda se dispara un 58% en la última década

Una de las bases del debate entre los Veintisiete este jueves está en un informe elaborado por el Consejo Europeo que concluye que el coste de la vivienda creció en la UE una media del 58% en la última década, según el índice de precios de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, con datos de casas y apartamentos nuevos y de segunda mano.

España está por encima de esa media, con un 72% de encarecimiento, si bien está lejos de los países que registran los mayores incrementos: Hungría (237%), Portugal y Lituania (147%, cada una). Por el contrario, las menores alzas corresponden a Finlandia (0,4%), Italia y Chipre (ambas con 13%) y Francia (26%).

De acuerdo también con este informe, las tres ciudades de la Unión Europea donde sus habitantes destinan un mayor porcentaje de su sueldo a la vivienda son Lisboa, Madrid y Barcelona, las tres en la Península Ibérica.

Los ciudadanos de capital portuguesa se llevan la peor parte al destinar el 116% de su sueldo a la vivienda, seguidos de los de las dos principales ciudades españolas, ambas con un ratio del 74%, según el estudio a partir de los datos del instituto de investigación del Deutsche Bank. Estos datos contrastan con los de otras urbes europeas, como Luxemburgo y Fráncfort (ambas con 34%), Helsinki (35%) o Viena (37%).

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