España ha rechazado este lunes las propuestas legislativas europeas para regular el retorno de los migrantes y sobre el “tercer país seguro”, al considerar que pueden implicar una vulneración del ordenamiento internacional, en particular en relación con los derechos humanos, según denuncia el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El asunto se ha abordado en un Consejo de ministros europeos de Interior en el que Fernando Grande-Marlaska ha dejado claro al llegar que España se opondría a los dos reglamentos (de Retorno y Tercer País Seguro) y que se abstendría en relación con el contingente de solidaridad, otro de los puntos que los países de la UE tienen previsto acordar este lunes.
En el debate con sus homólogos sobre el reglamento de “tercer país seguro”, ha explicado que esa normativa “rompe con la integridad del pacto”, al “modificar un elemento que fue crucial sobre el mismo, antes de que el pacto empiece a andar”. Asimismo, ha indicado que a España le plantea “serias dudas jurídicas”, ya que se prevé la posibilidad de celebrar acuerdos jurídicos no vinculantes con terceros países, lo que “genera interrogantes sobre la garantía de una protección efectiva en dichos países, los mecanismos que aseguren que las solicitudes se tramitan adecuadamente y el respeto a los derechos y obligaciones de los solicitantes”, ha dicho.
Además, esa normativa “condiciona potencialmente nuestras relaciones bilaterales”, ya que España considera “esencial” que los Estados miembros vecinos de los países terceros “sean debidamente informados y consultados” sobre esos acuerdos, ya que, de no ser así, “existe el riesgo de crear impacto en los Estados miembros”, además de en los flujos migratorios y en las relaciones bilaterales. Considera también que la referencia actual a las fronteras comunes “excluye a muchos de los vecinos de España en la ruta Mediterránea y Atlántica” y que en el plano operativo el país duda de la eficacia de esa normativa.
Reglamento de Retorno
En cuanto al Reglamento de Retorno, el ministro ha asegurado a su llegada que España se opone a que el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno sea voluntario y “no obligatorio”, manteniendo el sistema vigente, ya que “no avanzamos nada”. Los países tienen previsto llegar a un acuerdo también este lunes sobre este dossier.
Por último, sobre el “paquete de solidaridad” con los países sometidos a más presión migratoria, el ministro ha adelantado a su llegada que España se abstendrá este lunes en la votación del Consejo.
Igualmente, ha recordado que Bruselas había propuesto que el resto de Estados miembros apoyen a los países con más presión a través de un mínimo de 30.000 reubicaciones anuales y una contribución de 600 millones de euros, con los que España estaba de acuerdo, y ha lamentado que la propuesta de compromiso que llega al Consejo prevea finalmente 21.000 reubicaciones. “Si se toca la solidaridad, se debe tocar la responsabilidad”, ha dicho Grande-Marlaska.
Menos reubicaciones y ayudas económicas
Los países de la Unión Europea han acordado este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de ayuda financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.
El Consejo (países de la UE) ha precisado en un comunicado que esa asistencia tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración “empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026”, cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.
“El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, ha lamentado el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se ha tomado la decisión, para añadir que se deben “identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma”.
