La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen y el titular de Agricultura, Luis Planas, mantuvieron ayer una reunión con las principales organizaciones agrarias y pesqueras (Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones, Cooperativas Agroalimantarias, la federación de regantes Fenacore, Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) para buscar aportaciones al futuro Pacto de Estado frente a la emergencia climática, promovido desde el Gobierno tras la reciente ola de incendios. Al respecto, ambos ministerios han puesto sobre la mesa un decálogo que aborda materias como la política hídrica o la gestión forestal.
Si bien hay buena sintonía en las recetas, apuntan fuentes de las organizaciones asistentes a este diario, entidades como Asaja o Cepesca han coincidido en pedir que el acuerdo esté bien dotado presupuestariamente. El problema es que el Gobierno vuelve a incumplir este martes el mandato constitucional de presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
“El sector primario es esencial”, constató Aagesen durante su encuentro con los representantes del sector agroalimentario mientras Planas añadió que son “esenciales” al sufrir de primera mano el cambio climático. Todo ello en un contexto en que aún no hay una fecha fija para que el Gobierno presente siquiera el techo de gasto y la ‘senda de estabilidad’. En concreto, al ser preguntada este lunes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero aseguraba que lo harán “a la mayor brevedad posible” y destacaba que estaban “ajustando los últimos números”, informa EFE.
Sin embargo, el secretario de Organización de Asaja Juan José Álvarez opinaba tras la reunión que para que el acuerdo tenga contenido y sea eficaz hacen falta “medidas que tengan presupuesto”. Al respecto, ha recordado que en este momento hay una prórroga presupuestaria de las cuentas aprobadas en 2023, cuya vigencia se ha prolongado durante los ejercicios de 2024 y 2025: “No hay presupuestos en este momento, ¿quién va a financiar estas medidas?”, se preguntaba Álvarez quien constataba que “en primer lugar, hace falta dinero” para hacer que las medidas se cumplan. Al respecto, echa de menos la falta de concreción en este punto y espera que en próximas convocatorias se dote el decálogo de mayor contenido.
El Gobierno ya mira hacia Bruselas
Entonces, ¿de dónde van a sacar los fondos el Ejecutivo? Fuentes presentes en la reunión apuntan que Aagesen y Planas miran ya hacia Bruselas. En concreto, ambos ministros mencionaron su compromiso de “presionar” a la Comisión Europea para que se pueda echar mano de instrumentos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En cualquier caso, los titulares de Transición Ecológica y Agricultura no concretaron ni mencionaron ninguna aportación concreta desde los Presupuestos Generales. Unas cuentas que están prorrogadas desde 2023.
De momento, Transición Ecológica anunciaba el lunes que destinará 34,5 millones de euros para la “restauración hidrológico – forestal ” de las zonas devastadas por la ola de incendios del verano. De este montante, unos 24 millones se destinarán a diferentes intervenciones (estabilizar terrenos, contención de la erosión, restauración de cauces y riberas, etc…) en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. Mientras que los restantes 10 millones de euros se canalizarán a través de los planes de choque de las confederaciones hidrográficas del Duelo, el Tajo y la del Miño – Sil.
La pesca exige ser incluida en el Pacto de Estado
El decálogo propuesto por el Ejecutivo se complementará con las aportaciones concretas de sectores como el primario durante la reunión convocada en Ponferrada (León) para los días 13 y 14 de octubre. Esta ha sido una de las peticiones que han hecho los ministros a las organizaciones convocadas ayer. El documento presentado apunta hacia materias tan diversas como adaptar a la gestión forestal, impulsar nuevos planes hidrológicos, incentivar prácticas como la ganadería extensiva y el pastoreo o crear sendos fondos con recursos nacionales: uno de respuesta inmediata y otro de prevención de riesgos climáticos a nivel local. Además de mejorar las condiciones laborales de bomberos y brigadas forestales, entre otras propuestas.
Sin embargo, desde entidades como Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), han coincidido en echar de menos a la pesca en el decálogo planteado por el Gobierno. El presidente de Cepesca, Julio Morón, ha destacado que son “parte del ecosistema de seguridad alimentaria español” y que esta actividad es “víctima también del cambio climático a través del movimiento de especies, el incremento de las temperaturas de las aguas y la invasión del alga asiática”. Un fenómeno, añade, que está destruyendo “muchas especies” de nuestras costas que son esencialmente herbívoras y al que está dejando sin alimentos.
En este sentido, ha lamentado que el sector pesquero no se esté viendo recompensado por cumplir con las políticas europeas y aludido a problemas como el relevo generacional así como la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea que cuestiona la existencia del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA). Morón añade que necesitarán “barcos más grandes ya que las especies se están yendo más abajo” por el cambio climático. Desde Cofradías, su presidente Basilio Otero, ha pedido que “la palabra ‘pesca’ figure explícitamente en el documento”. Algo a lo que ya han accedido desde Transición Ecológica y Agricultura. Otero también ha exigido que se cuente para el Pacto “con el mejor asesoramietno científico y una evaluación realista de costes”.
