Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado una estrategia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para replegar al Instituto Armado de Cataluña. Según los colectivos de agentes, el Gobierno camufla bajo motivos de “optimización” y “homogeneización” organizativa lo que consideran una pérdida progresiva y deliberada de competencias y personal en el territorio catalán.
La última queja formal señala la clausura definitiva de unidades de alta especialización en diversas localidades de la comunidad autónoma. Entre ellas destaca el cierre de las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Puigcerdá, Ponts, La Pobla de Segur y Falset. Asimismo, se ha eliminado el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit y el Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) de Tarragona, cuyas funciones han sido centralizadas en Barcelona, una medida que los agentes critican porque disparará los tiempos de respuesta ante emergencias.
A este repliegue operativo se suma un grave déficit de personal en los cuarteles catalanes. De las más de 4,000 plazas que componen el catálogo oficial de la Guardia Civil en Cataluña, un total de 1,157 se encuentran vacantes y sin cubrir. Esta falta de efectivos afecta de manera severa a la provincia de Tarragona, donde falta casi el 40% de la plantilla proyectada, mientras que cerca del 30% de los agentes en activo en toda la región supera ya los 50 años de edad.
Las asociaciones policiales alertan que este debilitamiento responde a compromisos políticos del Ejecutivo con partidos independentistas catalanes para ceder el liderazgo de la seguridad pública a los Mossos d’Esquadra. El temor del cuerpo técnico se enfoca ahora en el próximo mes de noviembre, fecha en la que prevén que comience la transferencia formal de competencias exclusivas en materia de control de fronteras, puertos y aeropuertos hacia la policía autonómica.
Por su parte, el Ministerio del Interior defiende que las modificaciones forman parte de una reestructuración a nivel nacional para adaptar los medios disponibles a las necesidades actuales del servicio, descartando motivaciones políticas detrás del traslado de efectivos.
