La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias registradas tras el cambio en la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas.
Martínez Perza ha admitido incidencias, asegurando que “cualquier sistema que depende de la tecnología no es infalible”, como es el caso. También ha relatado que los fallos se produjeron cuando hubo un cambio en la empresa que ofrecía este servicio, y ha querido dejar claro que en ningún momento la vida de las mujeres estuvo en peligro, ya que, aunque se produjeron violaciones de las órdenes de alejamiento, no hubo ningún tipo de agresión.
Tras un minuto de silencio, Perza ha comenzado su intervención pidiendo disculpas “a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo”. “Su sufrimiento es mi sufrimiento”, ha dicho.
Según los datos que ha ofrecido, a 31 de agosto de este año, había 4.730 víctimas en este sistema de protección. Mujeres que “deben sentirse seguras”, puesto que “ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada y trabajamos a diario para su seguridad”, ha subrayado Perza.
“No ha afectado a delitos de violencia de género”
Al igual que lo hiciera ya la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Martínez Perza ha recordado que el sistema Cometa —Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento desde el que se gestionan las pulseras antimaltrato— es “un elemento más” dentro del complejo sistema de protección a las víctimas. En distintas ocasiones ha repetido que “en ningún caso” las incidencias registradas en el servicio “han afectado a delitos de violencia de género”.
En este sentido, ha aclarado que “las dificultades detectadas afectaron a los procesos judiciales tramitados por delitos de quebrantamiento de pena ya sucedidos” y ha afirmado que es “falso que exista un elevado número de sobreseimientos” como ha trascendido a partir de las quejas de diferentes audiencias provinciales. Ha asegurado que, en cualquier caso, las incidencias se solventaron en 2024 y “no se ha registrado ninguna en 2025″.
“Sin ser infalible, nuestro sistema funciona y no se ha producido ningún asesinato de ninguna mujer portador de estos dispositivos”, ha reiterado ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Tras insistir en varias ocasiones en que el sistema de pulseras funciona y que las incidencias detectadas no han puesto en riesgo a las víctimas, ha advertido de que se trata de un asunto de “enorme sensibilidad” y de que la seguridad de las víctimas “está por encima de todo”, por lo que, ha dicho, “no se pueden dar informaciones que por imprecisas” produzcan inseguridad y alarma social.
“La protección de las mujeres no se ha interrumpido”, ha sostenido, para denunciar que se han suscitado dudas y preocupaciones sobre el funcionamiento de Cometa a partir de “informaciones inexactas y a veces manifiestamente falsas”, ha criticado.
“No ha afectado a delitos de violencia de género”
Desde el Partido Popular como ERC han criticado que no haya sido la ministra de Igualdad quien haya asistido al Congreso para aclarar lo sucedido.
La diputada popular Marta González ha exigido la dimisión de Redondo porque piensa que “ni está capacitada, ni es éticamente digna” de continuar siendo ministra. Además, la ha acusado de negligencia, ineptitud, ocultación, cobardía y de mentir en el tema de las pulseras.
Por su parte, ERC ha mostrado “disconformidad y molestia” por la ausencia de la ministra, cuya respuesta a la crisis para los republicanos no ha estado “a la altura de una ministra feminista, implicada, preocupada y proactiva en la resolución de problemas”.
La ultraderecha ha exigido la dimisión tanto de Redondo como de Perza por haber contratado un servicio que, para Vox, tiene fallos. Desde Podemos han pedido al Ministerio que no cometa errores, pero que tampoco se deje “amedrentar por las presiones de la derecha política y judicial”.
Por otro lado, la diputada de Sumar Júlia Boada ha insistido en la necesidad de conocer “toda la información y transparencia” para entender cuál ha sido el fallo, y garantizar que los errores no van a volver a producirse.
El PNV ha afirmado que “el no dar información a tiempo y el no sonrojarse una vez es negativo, porque genera dudas y desconfianza”.
