La Fiscalía Superior de Madrid ha abierto expediente gubernativo a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, por conversaciones de los investigados del caso Plus Ultra en las que se las mencionan.
La decisión fue adoptada este martes a través de un decreto firmado por la fiscal superior en funciones, Almudena Lastra, al que ha tenido acceso RTVE.es. Las actuaciones se han remitido a la Inspección de la Fiscalía General del Estado, en virtud del artículo 163 del Reglamento del Ministerio Público.
En el decreto, Lastra señala que su decisión viene motivada por una denuncia de Iustitia Europa e informa de que remitirá la queja a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. La denuncia de Iustitia Europa está relacionada con la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Según afirmó esta fuerza política, existen indicios de influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de dichos fondos públicos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogió en uno de sus atestados del caso sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra que la trama buscó influir en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para investigar la ayuda pública concedida por el Gobierno en 2021.
Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó al exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que preguntaría “cómo es la juez del 15”, Esperanza Collazos, y que “la fiscal jefa es amiga”. “Hay que cortar esto”, adujo el abogado, a lo que Reyes respondió “absolutamente”, y le instó a que hablara con “Julio” Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: “Y lo cortamos”. A esto, Palomero llamó a “hacer un Kitchen Gabinet”.
Iustitia Europa cree que los hechos denunciados son de “una gravedad suficiente”
De acuerdo con los informes de la UDEF y las comunicaciones intervenidas en el caso, habrían surgido menciones a la fiscal jefa en mensajes de los investigados. Este hecho ha sido el detonante para que se presentara la denuncia y se abra un expediente.
El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha valorado la importancia de la medida tomada por la Fiscalía Superior. “Este decreto no es un mero trámite administrativo; es el reconocimiento de que los hechos denunciados revisten una gravedad suficiente para activar los mecanismos de control interno más altos de la carrera fiscal”, ha declarado.
Pardo también ha manifestado que no se puede permitir que “la sombra de la sospecha y la posible influencia política manchen la actuación de un órgano que, por mandato del Artículo 124 de la Constitución Española, debe actuar siempre bajo los principios de legalidad e imparcialidad”. Además, ha subrayado la necesidad de proteger la independencia del sistema judicial frente a intereses particulares o políticos.
El partido político denunciante considera que esta remisión a la Inspección Fiscal es un paso clave para lo que califican como el “reinicio moral” que necesita España. Según Pardo, “la despartidización de nuestras instituciones es la piedra angular de nuestra débil democracia, marcada por la corrupción moral y sistémica”.
Desde Iustitia Europa se ha indicado que llegarán hasta el final para esclarecer si se produjo un cambio de criterio fiscal en el rescate a Plus Ultra y quién pudo haber dado las órdenes. “El reinicio moral empieza por exigir responsabilidades a quienes, desde la cúspide de la fiscalía, podrían haber comprometido la objetividad de la Justicia”, ha afirmado Pardo.
La denuncia también pone de manifiesto el descontento de la sociedad civil con lo que este partido político considera una “colonización de nuestras instituciones por parte de intereses particulares o políticos”. Iustitia Europa insiste en que este caso es una oportunidad para reforzar la independencia y la transparencia del sistema judicial español.
