El juez que ha imputado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un “entramado societario” para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.
Según revela la investigación, el sistema ideado para distribuir los recursos generados por las presuntas operaciones ilícitas se haría de dos maneras: a través de altas nóminas para sus socios y de un entramado de sociedades que no tendrían personal, sede conocida y ni siquiera gastos de material.
Los investigadores creen que el objetivo de este entramado de empresas era ocultar el destinatario final de ese dinero y que pudieron ser utilizadas para esconder el dinero obtenido en el extranjero, en sociedades de más de diez países como Irlanda o Luxemburgo. Desde el sindicato de técnicos de hacienda inciden en que la labor de los lobbies tiene que estar sujeta a mucha más regulación y prohibir que políticos o expolíticos formen parte de esos gabinetes.
Según datos de los Mossos, la Agencia Tributaria y la UCO, grandes empresas pagaban al despacho que fundó a cambio de leyes a medida. Los socios se habrían repartido hasta 12 millones de euros en seis años a través de siete sociedades y los pagos crecieron justo cuando el PP llegó al Gobierno.
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