Cada once segundos muere una mujer embarazada o un bebé en alguna parte del planeta, tal como informaba Unicef, en 2019. Según estas estimaciones, más de 800 mujeres murieron cada día, a causa de complicaciones en el embarazo y el parto. O lo que es lo mismo: más de 290 mil personas, solo en el año 2017. Pero estas cifras no dicen nada si no se considera el escalón insalvable que hay entre el Norte y los sures del mundo, donde millones de niñas y adolescentes de América Latina, el Caribe, Asia o África carecen de derechos sexuales y reproductivos, a pesar de todas las promesas de las instituciones de sus propios países, o las internacionales y las de la cooperación al desarrollo. Muchas de esas jóvenes mueren por causas evitables o quedan embarazadas sin desearlo, porque en sus cuerpos no se cumplen los derechos humanos más básicos, como el que ejerce cualquier persona al decidir sobre si tener hijos (o no), y cuántos o cuándo, y con quién compartir su vida sentimental.
De ahí la pertinencia de la convocatoria al debate Cooperación española: generando igualdad, organizado por SEDRA-Federación de Planificación Familiar y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (ONGD), sobre cooperación y derechos de las mujeres, que se desarrolló durante toda la jornada del miércoles 27 de abril, en versión mixta (presencial y online), con la participación de representantes de la Administración pública y miembros de asociaciones, tanto con sede en España como en otros países de África y América Latina. Para estas organizaciones, habituadas a trabajar por la consecución de derechos sexuales y reproductivos en países en desarrollo, el actual contexto mundial indica un retroceso en la materia, por el acecho de la “ola de ultraconservadurismo que está en todos los tejidos democráticos, poniendo en riesgo lo que tiene que ver con la igualdad”, en palabras de Guillermo González, de SEDRA. Simultáneamente, “los impactos de género, así como del calentamiento global, se están viendo agravados en aquellos lugares que sufren los crecientes conflictos bélicos y la desigualdad económica”, apostilló.
Al mismo tiempo, y paradójicamente, en España se abre un momento de ilusión renovada ante la reforma legislativa de la cooperación, que genera expectativas por la posibilidad de que por fin se tenga en cuenta la experiencia adquirida por los trabajadores del sector y la sociedad civil sobre el terreno. Y se espera que incluya un enfoque verdaderamente feminista en las acciones de cooperación exterior. El proyecto de ley que sustituirá a la actual –a punto de cumplir un cuarto de siglo en vigor– se encuentra en proceso de consultas y su tramitación parlamentaria está prevista para antes del verano.
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