Más de 20 millones de personas, el 42% de la población española, vive con servicios sociales “débiles e irrelevantes”, según los resultados del Índice DEC, presentado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El Índice DEC es un estudio que mide y evalúa desde el año 2012 el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los servicios sociales detallados por comunidad autónoma, y en este ranking autonómico sitúa a Castilla y León, País Vasco y Navarra como las regiones con mejor calificación en sus servicios sociales y en la otra cara de la moneda, a la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid.
El análisis de este año pone el énfasis en el “mucho camino que queda por recorrer” hacia la “desinstitucionalización” de los servicios sociales en España, esto es, acercar estos servicios al ciudadano. Y en este sentido, pone de manifiesto el “escaso desarrollo” y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (centros de día), lo que requiere de un mayor compromiso presupuestario.
El estudio pone de manifiesto que la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones mejoran, pero califica como “preocupante” el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización 2024-2030 promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que busca la modernización y el refuerzo de los servicios sociales y el modelo de cuidados de larga duración con la implantación de un modelo de atención centrado en la persona y prioritariamente en su hogar.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que en términos generales “claramente los datos mejoran” y los servicios sociales “se consolidan en este país como el cuarto pilar del Estado de Bienestar”, pero “queda mucho por hacer” porque “las diferencias entre comunidades son escandalosas” y así, concluye, “no es posible hablar de un Estado cohesionado”.
“El índice mejora en cobertura, en ordenación del sistema, y donde hay un deterioro (no en todas las comunidades, pero sí en el conjunto) es en la relevancia económica, que es quizá lo más preocupante”, ha explicado el coordinador del estudio, Gustavo García, durante la rueda de prensa para presentar el documento, que señala que aunque aumenta el gasto en servicios sociales por habitante (que pasa de 512 euros en 2022 a 548,1 euros en 2023, un 7% más) , retrocede por tercer año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales, pasando del 1,81% en 2022 al 1,76% en 2023.
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