Un total de 1.2 millones de migrantes indocumentados presentaron formalmente su solicitud de regularización en España al cierre del plazo del proceso extraordinario impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La cifra, calificada de histórica por las autoridades, superó ampliamente las estimaciones iniciales del Ejecutivo. El plan original contemplaba documentar a cerca de 500,000 personas. El plazo oficial para la entrega de expedientes concluyó el pasado 30 de junio de 2026.
Un salvoconducto al empleo formal
El proceso extraordinario se estructuró bajo requisitos específicos de permanencia y legalidad. Los solicitantes debieron demostrar fehacientemente su estancia en territorio español desde antes del 1 de enero. Esto equivale a un mínimo de cinco meses consecutivos de residencia. Asimismo, el trámite exigió la presentación de certificados limpios de antecedentes penales.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta ahora con un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución sobre cada expediente. Aquellos ciudadanos cuya solicitud sea admitida a trámite obtendrán de forma automática un permiso temporal de residencia y trabajo válido por un año, lo que les permitirá incorporarse de inmediato al mercado laboral formal.
Colombia lidera las solicitudes
Los datos oficiales del proceso reflejan una marcada presencia de ciudadanos latinoamericanos entre los aspirantes a la regularización:
- Colombia: Lidera la lista con el 30% de los expedientes presentados.
- Marruecos: Se ubica en segundo lugar con un 14%.
- Venezuela: Representa el 10% del total de las solicitudes.
- Perú: Registra un 9% de participación.
Debate por el impacto económico y social
La medida, articulada mediante un real decreto derivado de una iniciativa legislativa popular, mantiene enfrentadas a las fuerzas políticas del país. El presidente Pedro Sánchez defendió la regularización masiva como una herramienta indispensable para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El Ejecutivo sostiene que sectores clave como la agricultura y el turismo necesitan urgentemente esta mano de obra extranjera para garantizar su sostenibilidad.
En la acera opuesta, los partidos de la oposición (Partido Popular y Vox) lanzaron duras críticas contra la gestión migratoria. Ambas formaciones tildaron la medida de insostenible y alertaron sobre una presunta saturación en los servicios públicos esenciales, el sistema de salud y el acceso a la vivienda.
